Los trabajadores de Alcoa piden al Gobierno que tome una decisión para aclarar el futuro de la planta

La situación de la fábrica de Alcoa en San Ciprián (Lugo) cada vez es más crítica, ya que después de las dos vistas celebradas en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) los trabajadores siguen esperando que «una decisión política» del Gobierno de Pedro Sánchez aclare el futuro de la producción de aluminio y miles de empleos en A Mariña -una de las regiones de Galicia con más paro, gravemente golpeada por los efectos de la crisis del coronavirus-.

La primera vista se celebró con el objetivo de evaluar las medidas cautelares solicitadas por la parte social del fabricante de aluminio, mientras la segunda se realizó por la demanda contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que presentó la compañía estadounidense el pasado mes de mayo.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) prohibió a Alcoa apagar las cubas de electrolisis en la fábrica de aluminio primario de San Ciprían -ya que podría provocar un daño irreversible para las instalaciones de la factoría-. Una resolución que celebró el comité de empresa, tras la desestimación del recurso presentado por la multinacional contra esa decisión. No obstante, los trabajadores son conscientes de que «ese revés judicial» para la compañía no arregla el problema que vive la factoría gallega.

La reincorporación de los 524 afectados -por el ERE que quiere aplicar la multinacional del sector del aluminio- sería imposible con las cubas apagadas. Mientras, los trabajadores continúan a la espera de una resolución  y conseguir evitar perder una de la factorías más importantes para la zona de A Mariña.

En concreto, explican que se trata de una forma de ganar tiempo, ya que las cubas ocupan «el corazón de la planta» y apagarlas supondría «la muerte» casi inmediata de la factoría de la compañía estadounidense, dado que ponerlas de nuevo en funcionamiento costaría decenas de millones de euros y podrían sufrir daños irreversibles para su correcto funcionamiento.

No obstante, los trabajadores muestran su preocupación por que esta medida -decretada por el alto tribunal de Galicia- tiene una duración bastante limitada en el tiempo, dado que los magistrados prohibieron el apagado de las cubas de electrolisis para garantizar que los trabajadores recuperasen de forma inmediata sus empleos si finalmente el expediente de regulación de empleo (ERE) es declarado nulo.

Un ERE de más de 500 trabajadores

En concreto, la reincorporación de los 524 afectados -por el ERE que quiere aplicar la multinacional del sector del aluminio- sería imposible con las cubas apagadas. Mientras, los trabajadores continúan a la espera de una resolución  y conseguir evitar perder una de la factorías más importantes para la zona de A Mariña.

El comité de empresa niega que la empresa tenga motivos para presentar un proceso de extinción de empleo y no comparten la cifras presentadas por la representación legal de la compañía, que calcula que la planta acumula unas pérdidas de un millón de euros, a pesar de que el aluminio pocas veces tuvo un precio tan elevado de «2.014 dólares por tonelada».

Los trabajadores subrayan que la solución pasa por una «decisión política del Gobierno de Pedro Sánchez», por una «intervención pública y temporal» de la planta para facilitar la venta al grupo Liberty House.

Ante este escenario, el comité de empresa insiste en que la planta de aluminio es rentable y tiene futuro, mientras que la compañía afirma lo contrario y ahonda en la necesidad de parar las cubas por los elevados precios de la factura eléctrica que acumula, con el objetivo de frenar las pérdidas que supuestamente le está generando el complejo en A Mariña.

No obstante, cabe destacar que una resolución favorable a los intereses de los trabajadores por parte de la Justicia gallega, con la anulación del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa estadounidense, supondría un soplo de aire para los 524 trabajadores afectados, pero no la solución al problema que lleva arrastrando años.

Los trabajadores subrayan que la solución pasa por una «decisión política del Gobierno de Pedro Sánchez», por una «intervención pública y temporal» de la planta para facilitar la venta al grupo Liberty House. Ante este escenario, piden a Sánchez que aclare su hoja de ruta para adoptar una decisión de ese calibre con carácter urgente.

Explotan las negociaciones con Liberty

Por su parte, los trabajadores de la compañía del sector del aluminio hacen hincapié en la «mala fe» de la compañía por negarse a vender la fábrica al grupo Liberty House, interesado en su compra, pero los abogados de Alcoa han recordado en el juicio «que no se puede obligar a una empresa a vender sí o sí bajo cualquier circunstancia y mucho menos cuando la empresa no esta de acuerdo con la ejecución de la venta».

«La venta no es una medida social, no soluciona una situación productiva y económica», recordó la representación legal de la multinacional estadounidense en la vista oral.