El Supremo pide a la CNMV que revele las sanciones a Banco Popular, pues no todas son confidenciales

El Tribunal Supremo ha solicitado expresamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que de información a un particular personado en la causa del Banco Popular sobre las sanciones que el organismo impuso al banco.

La CNMV se había plantado contra la decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le exigía revelar a un particular detalles sobre sanciones impuestas al Banco Popular.

Según el Alto Tribunal, es mejor ser muy estricto o restrictivo en los límites de acceso a la información, » ya que sólo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas»

En el recurso que presentó ante el Supremo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ponía como alegación que la ley del mercado de valores constituye un régimen jurídico específico de acceso a la información. Sin embargo, el Alto Tribunal dice que en este caso «resulta de aplicación, total o parcialmente, la normativa contenida en la Ley de transparencia», una ley que se promulgó durante el Gobierno de Mariano Rajoy con el Partido Popular y que está ayudando, a través del Consejo de Transparencia, a que se den a conocer muchas informaciones del Ejecutivo y de otros organismos administrativos que si no, permanecerían en secreto.

No todo es confidencial

En su escrito, el Supremo considera que hay informaciones confidenciales de las que afectan a CNMV, pero que no todas lo son. El TS considera que la ley del mercado de valores alude a «informaciones o datos confidenciales que la CNMV u otras autoridades competentes hayan recibido en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la supervisión e inspección…».

La doctrina del Tribunal Supremo en este caso puede servir para otras ocasiones en las que el Gobierno puede tener la tentación de ocultar información, que están siendo muy comunes en los últimos meses con motivo de la pandemia y la gestión de los fondos públicos

Con respecto a esto, el Tribunal Supremo considera que no es confidencial toda la información que reciba y emita la CNMV, puesto que la norma expresa no lo precisa así sino que solo habla de información de especial sensibilidad, informa Efe.

Según el Alto Tribunal, es mejor ser muy estricto o restrictivo en los límites de acceso a la información, » ya que sólo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas».

«No es discrecional»

Además, la doctrina del Supremo puede servir para otros ámbitos de la Administración, donde el Gobierno de España está tratando de ocultar información sin justificación. Según el TS, limitar que los ciudadanos accedan a la información «no constituye una potestad discrecional de la administración», ya que esto sólo es posible en supuestos legalmente establecidos, debidamente acreditados y proporcionados.

Además, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la CNMV contra una sentencia de 25 de junio de 2019 dictada por la sección séptima de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, y entiende que la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno prevalece sobre la ley del Mercado de Valores.

Un caso que avanza

El caso ‘Banco Popular’ va sumando nuevos investigados en la causa a medida que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, va interrogando a testigos y observando acciones pasadas que deben ser objeto de investigación judicial. El viernes de la pasada semana, el juez del juzgado de instrucción número 4 del tribunal especial ha citado para declarar como investigados (antiguos imputados) a cinco ex directivos de Popular.

El caso Banco Popular va sumando nuevos imputados conforme el juez José Luis Calama va conociendo más detalles sobre el funcionamiento del banco que acabó quebrado

Sus nombres son Antonio Pujol, José Ramón Alonso, Jesús Arellano, José María Sagardoy y Yolanda García. Precisamente esta última directiva fue informada este mismo jueves de que sería citada como investigada mientras estaba realizando su declaración ante el juez como testigo. Al juez Calama no le gustaron las palabras de García, que estuvo trabajando en el departamento de auditoría del Banco Popular desde 2012 bajo las órdenes de dos presidentes distintos, Ángel Ron y Manuel Saracho.

«La financiación para invertir en la ampliación de capital ocultaba el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio»

Según el auto judicial, «una de las cuestiones que están siendo objeto de investigación en la presente causa es la presunta financiación facilitada por el Banco popular a sus clientes para invertir en la ampliación de capital del año 2016, ocultando el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio».