Sumar ataca el uso del coche privado: lo tilda de «abusivo» y pide su fin con la gratuidad del Cercanías

Nuevo ataque de Sumar, al uso del vehículo privado. El socio natural del PSOE para la futurible formación de un nuevo gobierno ha planteado al Ejecutivo la prórroga de la gratuidad del servicio de Cercanías en los próximos años. La medida pretende fomentar el uso del transporte público y acabar con lo que considera el partido que lidera Yolanda Díaz considera el «uso abusivo» del coche privado. Ataca además las ayudas a la compra de vehículos con las que se pretende renovar el parque automovilístico español a por considerarlas «muy regresivas».

La propuesta ha sido presentada por Alberto Ibáñez, diputado de Compromís-Sumar en el Congreso, que ha aprovechado la celebración del Día Mundial Sin Coche para registrar en la Cámara Baja una batería de preguntas al Gobierno. Las cuestiones se centran en el desarrollo del Plan de Cercanías del Gobierno 2017-2025 en la Comunidad Valenciana. Sumar considera que se necesita un servicio de Cercanías del siglo XXI para lograr que la gente deje el coche en casa.

Gratuidad de Cercanías vs. ayudas al coche

A su juicio, la medida del Gobierno de coalición de ofrecer deducciones fiscales por la compra y adquisición de coches privados sostenibles «es fuertemente regresiva» y reclama apostar por «una transición ecológica con perspectiva de clase y apoyo a las familias».

Según el diputado de Sumar, «aquellos que pueden acceder a la compra de un vehículo sostenible, en el mayor de los casos, poseen un nivel adquisitivo alto». Por ello, propone «acabar con esta serie de medidas que no fomenta el uso del transporte público ni ayuda a los más vulnerables».

«En España el 20% más rico es quien percibe el 30% del dinero público, mientras que el 20% más empobrecido, quien más lo necesita, percibe solo el 12%. Sin duda, en esta legislatura hay que terminar con las paguitas de los ricos para distribuir mejor la riqueza y combatir firmemente el cambio climático», añadió.

Precisamente, el servicio de Cercanías se ha convertido en un auténtico color de cabeza para Renfe en los últimos meses. Especialmente en Cataluña donde las Rodalíes acumulan un largo historial de problemas técnicos y retrasos casi diarios por lo que se considera falta de apoyo público. Tanto que, durante el verano pasado, hizo que el gobierno catalán se negara a pagar casi 19 millones de euros a Renfe por no haber ampliado la oferta de servicios. Hasta el punto de que el traspaso de la gestión de Rodalíes y de la propia red ferroviaria catalana se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de los partidos independentistas de cara a la formación de un nuevo gobierno de coalición.