La subida del SMI amenaza a 5.100 pymes y 30.000 empleos del sector privado de educación infantil

La subida del salario mínimo interprofesional aprobada por el Gobierno socialcomunista a principios de febrero amenaza seriamente el futuro de miles de empresas de todos los sector económicos. La última voz de alarma la ha lanzado ACADE, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, que estima que el aumento del SMI hasta los 950 euros pone en riesgo a 5.100 pymes y a más de 30.000 trabajadores del sector privado de educación infantil.

El presidente de la sectorial de infantil de ACADE, Ignacio Grimá, denuncia que la decisión del Ejecutivo supone un incremento de los costes laborales inasumibles: «El SMI ha subido un 45% en cinco años. A ello hay que añadir la subida de las Bases Mínimas de Cotización a la Seguridad Social, que han pasado en el mismo periodo de 764,40€ en el año 2016 a 1.108€ en el 2020. La subida de las Bases Mínimas de Cotización representa un incremento del 45% del coste laboral para nuestro sector, constituido casi exclusivamente por pymes y con convenios muy referenciados al SMI, en solamente cinco años”.

Según ACADE, al encarecimiento de los costes laborales hay que sumar otros factores de preocupación, como la caída de la natalidad y la competencia desleal de establecimientos que ofertan sus servicios como centros de educación infantil sin serlo, ni reunir los requisitos exigidos, ni contar con la oportuna autorización de la Consejería autonómica correspondiente.

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada destaca que existen comunidades autónomas en las que el precio de la plaza está limitado a las tarifas que marca la Consejería correspondiente, como en Andalucía y Valencia. En esta última además se producen retrasos significativos en los pagos del bono por parte de la Administración.

Soluciones 

Para Ignacio Grimá, las posibles soluciones al problema, que está produciendo el cierre de centros a un ritmo de dos por semana, pasan por “abordar las políticas de gratuidad del segmento 0-3 años mediante la financiación directa a las familias, a través del cheque escolar y desgravación fiscal, como ya se hace con muy buenos resultados en muchas Comunidades Autónomas y municipios”

“De no hacerse así – añade Grimá – desaparecerán más de 5.100 pymes y más de 30.000 puestos de trabajo, femeninos en un 90%, en centros que han sido clave para que muchas parejas pudieran conciliar su vida laboral y familiar.”

Según datos hechos públicos por ACADE recientemente, si desaparecieran los centros privados de educación infantil y el Estado hubiera de ocuparse de la escolarización de sus actuales alumnos, el gasto público educativo debería aumentar en unos 1.160 millones de euros al año, una décima del Producto Interior Bruto español.