La subida del salario mínimo castiga a agricultores y empleadas del hogar: hay 24.000 menos en un año
El incremento del salario mínimo ha reducido en 24.000 los empleos entre agricultores y empleadas del hogar, pese al alza general de la afiliación
Agricultores y empleadas del hogar, los dos colectivos más proclives a sufrir el extraordinario incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, han perdido casi 24.000 afiliados en el último año, mientras que la afiliación a la Seguridad Social en conjunto ha ganado 538.239 afiliados, de acuerdo con los datos publicados este lunes por los diferentes ministerios.
Yolanda Díaz decidió en febrero aumentar otro 5% el salario mínimo con efectos desde el 1 de enero de este año, por lo que el SMI ha subido ya casi un 50% desde que el Gobierno de Sánchez llegó al poder en junio de 2018. Estos incrementos han sido criticados por los empresarios y por los expertos, como el Banco de España, que han advertido de la pérdida de empleos. Además, se trataría de empleos de menor poder adquisitivo.
Los datos muestran que, en efecto, los agricultores y las empleadas del hogar han sufrido el impacto de estos aumentos del salario mínimo. Las asociaciones de agricultores, como Asaja, han advertido en numerosas ocasiones de que subiendo el salario mínimo, muchas plantaciones no podrían aguantar y acabarían cerrando o pasándose a la economía sumergida.
Según los datos de cierre de febrero, en el sector agrario hay 671.290 afiliados, lo que supone una pérdida mensual de casi 4.000 empleos. A nivel anual, la pérdida es de 17.292 afiliados sobre febrero de 2023, un 2,51% menos.
En el régimen de empleadas del hogar, los afiliados a cierre de mes son 371.918 personas, con una ganancia mensual de 1.230. A nivel interanual, la pérdida es de 5.621 afiliados, un 1,49% menos.
Esto se ha producido en un año en el que los datos del Gobierno registran un incremento anual en el número de afiliados de 538.239 personas, lo que supone un récord de contratación, hasta superar los 20,7 millones de afiliados.
Esta pérdida del empleo más precario es lo que ya se advirtió a Díaz por parte de los expertos. La última subida del salario mínimo supuso, por ejemplo, que las familias y los pensionistas de este país tuvieran que pagar 105 euros más al mes por contratar una cuidadora para su familiar, entre el incremento del salario de la empleada y el incremento de las cotizaciones sociales.
Ante este incremento, los empresarios advirtieron también del riesgo del aumento de la economía sumergida, puesto que una subida mensual de ese calibre para familias con escasos recursos era difícil de asumir.
El Gobierno ha defendido, en cambio, en numerosas ocasiones, que la subida del salario mínimo no ha perjudicado al empleo y sí ha acabado con la precariedad laboral de muchos empleados. Este lunes han insistido en que la reforma laboral aprobada a finales de 2022 -en vigor a pleno rendimiento desde abril de 2023- ha permitido los buenos datos de empleo que se han registrado en febrero, el mejor mes de febrero desde 2007, al caer el paro en más de 7.000 personas.
Pero los datos más a nivel general hablan también de que la precariedad no ha terminado con la reforma laboral, además de seguir sin conocer las cifras de fijos discontinuos, pese a que el departamento de Díaz se comprometió a publicarlos hace un año.
Las cifras de febrero ponen de manifiesto que sólo dos de cada diez contratos son indefinidos a tiempo completo. El resto se trata de contratos indefinidos a tiempo parcial o fijos discontinuos -la reforma laboral obligó a los empresarios a hacer estos contratos en vez de temporales-.