Una sentencia tumba la estrategia de Ribera y Aagesen para no pagar los arbitrajes de las renovables

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 25/04/2025 06:45
  • Actualizado: 25/04/2025 06:45

Un juzgado de Estados Unidos, donde España tiene abiertos varios procesos por los impagos a las renovables, ha obligado a Rumanía a pagar una indemnización de 13,7 millones de euros por los costes del proceso a los hermanos Micula, inversores suecos en Rumanía beneficiarios de exenciones fiscales, haciendo otra vez buena la sentencia del tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi.

Es la segunda vez que el juzgado de Estados Unidos da la razón a los hermanos Micula y deja sin efecto los intentos de Rumanía de no pagar el laudo arbitral argumentando -entre otras cosas- que la Comisión Europea determinó que pagar ese laudo sería considerado ayuda de Estado y, por tanto, contrario al derecho comunitario.

La Comisión Europea determinó en una decisión del 30 de marzo de 2015 que el pago por parte de Rumanía a los hermanos Micula de la sentencia del Ciadi sería considerado una ayuda de Estado y ordenaba no pagarlo y recuperar lo ya abonado. En octubre de 2024, el Tribunal General de Justicia de la UE dio la razón a la Comisión Europea.

Sin embargo, una sentencia de noviembre de 2024 del juzgado norteamericano da la razón a los hermanos Micula en lo referente a las costas procesales condenando a Rumanía a indemnizarles con 13,7 millones. Ya antes, el 14 de mayo de 2024, el tribunal norteamericano confirmó la sentencia anterior del juez de distrito que ordenaba la ejecución de la sentencia principal contra Rumanía, unos 290 millones de euros -330 millones de dólares-.

El tribunal norteamericano dictaminó que los jueces del país tenían que cumplir las reglas de Estados Unidos, no las de la Comisión Europea, que les obligan a dar por válidas las sentencias del tribunal de arbitraje del Ciadi.

El caso de los hermanos Micula está siguiendo los mismos pasos que los procesos abiertos contra España en medio mundo, también en Estados Unidos. En concreto, la Comisión Europea decidió el pasado 24 de marzo que el pago por parte de España al fondo francés Antin del laudo de 2018 que le obliga a abonar 101 millones sería ayuda de Estado y le ordena al Gobierno español no pagar.

De acuerdo con los antecedentes, el TJUE avalará la decisión de la Comisión Europea si el fondo Antin decide recurrir. Pero por los antecedentes seguidos por los jueces norteamericanos, la decisión de la Comisión Europea y del TJUE no tendrá valor en Estados Unidos y España tendrá que pagar la deuda a los fondos internacionales que han demandado a España por los impagos a las renovables.

De hecho, España no ha perdido el tiempo y el 31 de marzo presentó en el juzgado que sigue la demanda de Antin contra España en Estados Unidos la resolución de la Comisión Europea para cerrar el proceso.

También lo ha hecho, ese mismo día, el 31 de marzo, en el caso que sigue la demanda de otro inversor, 9 REN. «La Decisión Antin también confirma que el laudo Ciadi de 9REN (que es idéntico al laudo Antin en todos los aspectos sustanciales) y su ejecución (incluida su ejecución en países no pertenecientes a la UE) constituye ayuda estatal ilegal porque, al igual que el laudo Antin, vulnera la autonomía del ordenamiento jurídico de la UE y, por lo tanto, es incompatible con el mercado interior de la UE», argumenta España.

En este caso los demandantes ya han contestado, el 3 de abril, señalando que lo decretado por la Comisión Europa para Antin «no altera la autoridad vinculante que exige el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral en este caso. Se trata simplemente de una «autoridad» europea más, en la misma línea que la amalgama de medidas de la CE y el TJUE que España ha instado al Tribunal a aplicar sobre el derecho estadounidense en sus recientes presentaciones».

El proceso judicial por los impagos a las renovables apunta en cualquier caso a una difícil solución. Todo apunta a que los tribunales estadounidenses y de otros países -Australia, Reino Unido- obviarán la decisión de la Comisión Europea y permitirá a los fondos embargar bienes a España. Pero la Comisión ordena a España recuperar ese dinero, y que los fondos sean responsables solidarios.

Se trata de un problema que para España supone el pago de casi 4.000 millones de euros, la deuda que le reclaman los fondos más los intereses y las costas de los procesos.

El problema arranca en 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en renovables del 25%. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder, las rebajó unilateralmente al 7% por la grave crisis económica que heredó en 2012.

A partir de ahí, los fondos acudieron a los tribunales de arbitraje, que les dieron la razón en la mayoría de los casos, pero Teresa Ribera decidió no pagar esos laudos y tratar de tumbarlos con la ayuda de la Comisión Europea. Su sucesora en el Gobierno, Sara Aagesen, ha seguido esa misma estrategia.