Las grandes empresas alertan de que la economía «sufrirá» con el impuestazo de Sánchez

El sector energético y el bancario han aprovechado la presentación de los resultados del primer trimestre para cargar contra el impuestazo de Sánchez contra las grandes empresas del país con el que pretende recaudar 7.000 millones de euros en dos años de los beneficios de estas compañías.

«Los accionistas y la economía en general van a sufrir con el impuesto a la banca», así resume el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, la nueva tasa impositiva que el Gobierno aplicará a las entidades y con la que busca hacerse con 3.000 millones de euros, 1.500 millones por cada año que estará en vigor. La entidad está preocupada porque entienden que su aplicación «estigmatiza» al sector que, entienden, dañará su actividad en España. Álvarez señala también que están para «servir a la economía» y que puede «discrepar con el Gobierno», pero siempre están «para colaborar». Eso sí, «no vemos la motivación del impuesto», remacha. De inicio, cree que le restará capacidad para prestar 50.000 millones de euros.

Banco Sabadell también cree que los accionistas serán los grandes perjudicados y cree que es «imprescindible» que el impuesto «respete el marco de competencia entre entidades» sin favorecer a ninguna, gravando a todas por igual. El consejero delegado del banco, César González-Bueno, pone el foco en que la mitad de su accionariado son pequeños inversores que llevan años resistiendo las duras condiciones del mercado en general y de la banca en particular, por lo que cree que se les debe proteger más.

La consejera delega de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha sido la más clara respecto al impuestazo de Sánchez a las grandes empresas de este país. Dancausa no cierra la vía de acudir a los tribunales si es necesario. Durante la presentación de resultados de la entidad señala que sería «irresponsable sentir vergüenza o pedir perdón» por los beneficios obtenidos. Es más, asegura que crea una generación innecesaria de incertidumbre, que produce que «muchos inversores vayan a dar la espalda a nuestro país».

La visión de las energéticas

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, niega directamente la existencia de esos beneficios extra que el Gobierno español quiere gravar con un impuesto con el que se apropiará de 4.000 millones de euros de los beneficios del sector en dos años, a 2.000 euros por ejercicio fiscal. Además, manifiesta que, hasta donde él sabe, son las gasistas y las petroleras las que se están mejorando resultados y no las eléctricas integradas.

Endesa se mueve en la misma línea:»Estamos pendientes de conocer los detalles para evaluarlo, pero quiero reiterar que no obtenemos beneficios extraordinarios en esta coyuntura, cumpliendo con la legislación aprobada en los últimos meses», explica el consejero delegado de la compañía, José Bogas. El Gobierno ya aplica varias medidas desde el último año sobre los precios eléctricos entre las que se incluido el control de precios fijados en los contratos firmados por las compañías.

Repsol, directamente, ha provisionado 1.844 millones de euros pues espera que se produzca un «endurecimiento del entorno del negocio en Europa y su impacto en la rentabilidad». No nombra directamente al impuesto y únicamente hace referencia a la prohibición del vehículo de combustión en 2035, pero los analistas aseguran que esta dotación va destinada, principalmente, al pago del impuestazo de Sánchez a las grandes empresas. El consejero delegado de la energética, Jon Juso Imaz, niega que las petrolera reciba los conocidos como ‘beneficios caídos del cielo’ y que nunca vio a ningún gobierno «hablando de apoyar las pérdidas extraordinarias» de años anteriores. Así, afirma que hará «todo lo posible» para luchar contra cualquier iniciativa «arbitraria».