Sánchez no se reúne con las constructoras para la revisión de precios en obras públicas y se juega 6.900M

• Nayara Mateo @nayamateo
• Redactora de economía, especializada en el sector inmobiliario, turismo, consumo y distribución. Antes en Expansión, Efe y Brainsre.news.
• • 22/05/2023 06:45
  • Actualizado: 22/05/2023 06:45

El Gobierno de Pedro Sánchez se juega cerca de 7.000 millones de euros de los fondos europeos por no extender el sistema de revisión de precios en obras públicas, que venció el pasado 1 de marzo. Las constructoras avisan de que «entre 2023 y 2024 van a llegar a España unos 6.900 millones de euros en licitaciones de obras públicas que están en riesgo si no se amplía la revisión de precios», según explican a OKDIARIO fuentes del sector.

Las constructoras aseguran que Sánchez aún no les ha convocado para reunirse e intentar solucionar «un problema que se agrava cada día que pasa. Las licitaciones se están quedando desiertas porque los precios no se están actualizado», comentan.

Ante este escenario la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) pidió hace unas semanas a Pedro Sánchez, a través de una carta, que intervenga de forma inmediata para solucionar el problema. Sin embargo, la patronal sigue sin recibir ninguna respuesta por su parte. En este sentido, el presidente de CNC, Pedro Fernández-Alén, advierte de que no extender la revisión de precios «frena al sector y supone una amenaza para la ejecución de los fondos europeos, puesto que hay que cumplir con los plazos que marca Bruselas».

Además, cree que va a provocar que muchos desarrollos se paralicen, se abandonen o se ralenticen. En concreto, el presidente de CNC dice: «Cientos de proyectos van a quedar desiertos, sin ofertas, porque a las empresas no les salen las cuentas. Con la fluctuación de precios que hay en la construcción ninguna compañía se va a arriesgar a hacer una obra de tanto tiempo sin tener la seguridad de que los contratos se pueden revisar en caso de que sea necesario».

Vivienda pública

Pedro Sánchez aún no ha convocado a las constructoras para la revisión de precios. Sin embargo, el presidente sí que ha tenido tiempo para reunirse con representantes del sector para intentar dar credibilidad a su campaña electoral, basada en construir miles de viviendas para destinarlas a alquiler social. Pese a que Sánchez ha intentado vender que su plan en materia de viviendas es infalible, estable y sin fisuras, las asociaciones convocadas a la reunión aseguran que es «imposible de llevar a cabo».

Las constructoras y promotoras consideran «imposible» ejecutar el plan para levantar más de 183.000 viviendas. Durante el encuentro, el sector de la construcción trasladó a Sánchez los problemas que presenta su programa: falta de mano de obra, plazos demasiado cortos y necesidad de revisión de precios.

El sector valora «positivamente» que el Ejecutivo se haya dado cuenta de que la forma de solucionar el problema de vivienda en España es «incrementar la oferta y hacerlo a través de colaboración público-privada», explican fuentes que acudieron a la reunión. No obstante, aseguran que el plan es «imposible de llevar a cabo porque sigue habiendo tres problemas importantes encima de la mesa».

En concreto, las constructoras y promotoras apunta que para construir estas 183.000 viviendas, sería necesario incorporar a más de 900.000 trabajadores. Otro de los problemas es que el pasado 1 de marzo venció la revisión de precios de algunos materiales de construcción en las obras públicas. Por lo tanto, las licitaciones están desactualizadas. Para poder desarrollar el plan de construcción y rehabilitación de viviendas, piden que se incluya este sistema porque «las empresas no presentarán ofertas si no hay seguridad».

Por último, el sector considera que los plazos son imposibles de cumplir. En concreto, piden más flexibilidad y señalan que no es viable porque hay que «hacer análisis de lo de los suelos y las viviendas, hacer los pliegos, las licitaciones, ejecutar el trabajo y entregar la vivienda. Los plazos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se quedan cortos, porque exigen tener todo comprometido antes de que acabe 2024 y ejecutado en 2026», apuntan.