Las promotoras privadas construyen el 85% de las viviendas protegidas desde que Sánchez gobierna

Las promotoras privadas construyen casi el 85% de las viviendas de protección oficial (VPO) que se han desarrollado en España desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa. Entre 2018 y 2022 se han levantado en torno a 36.700 viviendas con algún tipo de protección en el país, de las cuales más 30.500 unidades han sido construidas por el sector privado.

Según los datos de Asprima (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid), en 2018 se desarrollaron en España casi 5.200 viviendas protegidas y las promotoras privadas construyeron 4.570, es decir, el 88,2% del total. Al año siguiente, las empresas del sector levantaron el 79,1% de las VPO, más de 5.200 unidades. Mientras que en 2020, se incluyeron 9.000 nuevas viviendas al parque residencial, de las cuales más de 8.000 fueron ejecutadas por promotores privados, lo que supone el 89,4% del total. Mientras que en los dos últimos años, las promotoras privadas construyeron cerca de 12.700 viviendas protegidas, más del 80% del total que se ha desarrollado en España de este tipología.

La construcción de vivienda protegida ha caído de forma abrupta en los últimos años. En concreto, la promoción de VPO se ha hundido más de un 80% en la última década, al pasar de una producción de más de 53.000 unidades en 2012 a menos de 9.300 en 2022, la gran mayoría por promotoras privadas.

Desde Asprima señalan que las empresas privadas del sector han sido la que «históricamente han desarrollado la mayor parte de este tipo de viviendas en España. Además, también se han encargado de la gestión y financiación. «Los promotores llevamos años diciendo cuál es el motivo de esta caída y poniendo de manifiesto las medidas que hay que llevar a cabo para solucionar el problema. Sin embargo, aún no hemos conseguido movilizar a la Administración», dicen.

Ley de Vivienda

Daniel Cuervo, director general de Asprima, asegura a OKDIARIO que la Ley de Vivienda tendrá un «efecto contrario al que pretende y negativo porque genera inseguridad jurídica en el mercado de inversión y de vivienda en general». En su opinión, esto provocará una reducción de la oferta de vivienda en alquiler debido a la intervención de los precios. «Alquilar va a ser más difícil para la gente con menos recursos y para los jóvenes porque los propietarios que mantengan su vivienda en alquiler, van a exigir mayor solvencia e inquilinos con mayores recursos».

Cuervo explica que la normativa «menoscaba el equilibrio que tiene que haber entre arrendador y arrendatario, se asume más riesgo por parte de los propietarios y menos rentabilidad, al ser un mercado intervenido». El director general de la asociación de promotoras de Madrid comenta que la dificultad para echar a okupas o inquiokupas va a provocar que muchos propietarios decidan no alquilar su casa.