Sánchez Galán se ofrece a declarar en el caso Villarejo para facilitar el fin de la investigación

El consejo de administración de Iberdrola ha decidido poner a los administradores y empleados de la compañía, incluido su presidente, Ignacio Sánchez Galán, a disposición del juez que instruye el caso Villarejo para declarar y ayudar en la finalización de la investigación, según un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En este sentido, Iberdrola considera que la tramitación de la pieza 17 del ‘caso Tándem’ ha sido aprovechada por competidores que, directa o indirectamente, han atacado la reputación y buen nombre de la compañía, lo que la ha obligado a tomar acciones legales en defensa de su honor y de su reputación, protegiéndose de actos de denigración, y en reclamación de los daños producidos, incluso presentando, cuando ha sido necesario, denuncia por falsedad y querella por sustracción de documentos y revelación de secretos, ambas admitidas por los correspondientes órganos judiciales.

A este respecto, la compañía cree que estas declaraciones e informaciones, ajenas a los intereses de la Justicia, se han dirigido a propagar sospechas sobre la sociedad y sobre algunos de sus directivos y administradores, que vendrían en realidad a responder a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos exdirectivos y competidores que tan sólo pretenden perjudicar judicial y públicamente a otros directivos y a la propia compañía.

Por ello, afirma que estas constantes sospechas afectan al buen nombre y reputación de la empresa, el primer grupo energético nacional, una de las principales empresas española del Ibex 35, y las constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la compañía o algunos de sus directivos no hacen más que perjudicar sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado.

Iberdrola admite daño reputacional

La energética señala que lleva sufriendo por este caso, cuya investigación judicial se prolonga desde 2018, un significativo desgaste reputacional.

«Desde el primer momento, y de manera continua hasta ahora, el consejo de administración y sus comisiones han actuado de conformidad con el sistema de gobernanza y sostenibilidad, impulsando todas las
actuaciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos con la información que ha sido conocida en cada momento y dando traslado de dichas actuaciones a las autoridades judiciales», añade la compañía.

A este respecto, recuerda que desde que se produjo la primera noticia sobre el caso, la Unidad de Cumplimiento identificó diecisiete facturas abonadas por Iberdrola e Iberdrola Renovables Energía a Cenyt, empresa vinculada con el excomisario Villarejo.

Además, la dirección de Auditoría Interna realizó en los años 2018 y 2019 dos informes en los que no obtuvo evidencia adicional a las citadas diecisiete facturas sobre la relación de Villarejo con sociedades del grupo Iberdrola y concluyó que los procedimientos de control interno relacionados con dichas facturas habían funcionado correctamente.

La energética también realizó una completa investigación interna, complementada por un informe ‘forensic’ encargado a PwC, a quien se solicitó una investigación absolutamente independiente y sin limitación ni intervención alguna en cuanto a su alcance, por parte de la compañía.

Iberdrola subraya que del informe no ha resultado evidencia de ninguna relación del señor Villarejo con sociedades del grupo distinta de la documentada en las diecisiete facturas existentes, ni tampoco de que en la contratación, contabilización y pago de las mismas se hayan infringido los procedimientos de control establecidos, ni, finalmente, indicios que permitan vincular a terceras personas ajenas a las direcciones de Seguridad y Administración y Control con las contrataciones investigadas.