Ribera asfixia a las eléctricas: quiere cargar con 1.556 millones más de impuestos a las nucleares

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está empeñada en complicar aún más la vida de las compañías eléctricas y dispuesta a cargar a las centrales nucleares con un aumento de impuestos que sumaría hasta 1.556 millones adicionales a los previstos hasta la fecha. La decisión deriva de la la publicación a finales de 2023 del 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Este nuevo programa supone un incremento de costes derivado de una decisión política: sustituir el almacén temporal centralizado (ATC) por siete almacenes temporales descentralizados (ATD), uno por cada central nuclear.

Este extra coste se quiere traspasar a las centrales nucleares, aunque las empresas no hayan sido consultadas al respecto, ni sea imputable a su gestión, y se traduce en una propuesta de Real Decreto de 12 de enero de 2024 que implicaría, en el supuesto de que se materialice, una subida del 40% de la tasa que pagan a la empresa nacional Enresa para la gestión de los residuos nucleares, elevando la carga fiscal a un nivel que hace peligrar su viabilidad económica.

La presión fiscal impulsada por el Ejecutivo se concreta en que la energía nuclear española tiene ya 12 €/MWh más de impuestos que la de nuestros vecinos franceses, y se alcanzarían hasta 15 €/MWh de diferencia con Francia de aprobarse la propuesta actual, restando competitividad a la industria española, según un informe elaborado por la consultora PwC.

En conjunto, y de llevarse a cabo la iniciativa, esta decisión añadiría más complicaciones a la viabilidad económica que soportan las compañías eléctricas propietarias de centros de generación atómica. La implementación de la nueva norma elevaría la carga fiscal hasta los 28 €/MWh, es decir, supondría 1.566 millones de euros de impuestos anuales a las centrales nucleares, una cifra que plantea grandes desafíos para la rentabilidad y competitividad del sector y encarecería esta energía para los consumidores finales.

Según las consideraciones del informe elaborado por la consultora PwC, la energía nuclear desempeña un papel fundamental en la transición energética, pues cubre alrededor de un 20% de la producción eléctrica nacional, evitando en torno a 20 millones de toneladas de CO2. Sin embargo,
la hoja de ruta nacional para la descarbonización que se establece en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla una transformación del modelo energético y recoge el calendario de cierre ordenado de las centrales.

Esta iniciativa claramente política, producto de la opción ideológica adoptada por el Gobierno, muy alejada de la estrategia del resto de sus socios europeos -con la excepción de Alemania que, sin embargo, mantiene sus centrales de carbón a diferencia de nuestro país-, convierte de hecho a la energía nuclear en una energía de transición, pues a medida que fuera entrando la nueva potencia renovable (100 GW) y los nuevos almacenamientos (11 GW) se podría ir prescindiendo de las centrales nucleares.

A pesar de estas proyecciones, la realidad es que, según el ritmo actual de desarrollo de las renovables y del almacenamiento, el eventual cumplimiento del plan ordenado de cierre del parque nuclear daría como resultado inevitablemente un incremento muy importante de la contribución de los ciclos combinados al mix de generación para garantizar el suministro eléctrico, lo que conllevaría un incremento importante de las emisiones de CO2 y de los precios energéticos.

Dado que la energía nuclear sigue siendo imprescindible hasta conseguir los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el Protocolo de cierre ordenado se estableció el compromiso de no incrementar más la alta fiscalidad que ya soportan las centrales para no ahogarlas económicamente, lo que ahora queda en entredicho con la decisión en marcha de aumentar los impuestos.

Todos los países con centrales nucleares operativas, excepto España, están apostando por ampliar su vida útil o por desarrollar nuevas centrales. Mientras Sánchez mantiene el cierre nuclear en España, ajeno incluso a las soluciones que prometen las nuevas tecnologías, esta energía crece en el mundo como una fuente fiable y barata: casi 20 países están construyendo nuevas centrales nucleares y, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en 2025 habrá récord de generación a nivel mundial.

A medida que aumente la producción de Francia, vuelvan a estar operativas varias centrales en Japón y entren en funcionamiento nuevos reactores que se están construyendo en muchos mercados -como China, India, Corea y más de una decena en Europa-, la generación nuclear marcará récord en 2025, superando al anterior, que se registró en 2021, según el último análisis anual de la AIE.

En nuestro país, por el contrario, sigue adelante el plan de desmantelamiento escalonado de la nuclear a partir de 2027 y hasta 2035. El cierre de los siete reactores acordado en 2019 con las eléctricas contempla que Almaraz, con 1 GW de potencia, cerrará en 2027; Almaraz II, en 2028; Ascó I, en 2030; Cofrentes, en 2030; Ascó II, en 2032; Vandellós II, en 2035; y Trillo, en 2035.