La reforma fiscal que prepara el Gobierno destruirá 2 millones de empleos a largo plazo, según el IEE

• Andrea Aguado @AguadoRobles
• Redactora de economía y coordinadora de OKMOTOR. Amante de las cuatro ruedas y la industria. Antes en informativos de Radio Televisión Castilla y León.
• • 15/04/2021 14:00
  • Actualizado: 15/04/2021 14:09

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prepara un hachazo fiscal a los españoles con una subida del Impuesto sobre Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones -estos últimos tributos cedidos a las comunidades- para 2022. Un rejón a economía de los españoles que, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), podría llegar a destruir dos millones de empleos en el largo plazo ante el contexto que atraviesa la economía por los efectos derivados de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial.

Así lo ha explicado este jueves el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, en la presentación del informe de ‘La competitividad fiscal de las comunidades autónomas. Condición necesaria para el desarrollo económico’ en el que ha explicado que «la crisis global del coronavirus hace aún más visibles los problemas estructurales que sufría nuestro país, como sus elevados niveles de deuda pública, el déficit estructural, un alto nivel de paro, o el reducido tamaño medio de sus empresas».

Un informe que destaca el grave problema que podría provocar una subida de impuestos en el mercado laboral español -gravemente golpeado por la pandemia hasta registrar casi 4 millones de parados a cierre de marzo de 2021-. «Si el Gobierno sube los impuestos 6 puntos del Producto Interior Bruto (PIB), para alcanzar su objetivo de equipararse a Europa, en el actual contexto de crisis económica, España perderá 2 millones de empleos en el medio largo plazo», recalcan.

Además, avisan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que  «es fundamental, además, tener en cuenta que el sistema fiscal tiene un componente autonómico, que afecta tanto a la competitividad de cada una de las regiones como a la del conjunto de España». «Por tanto, si queremos tener un sistema impositivo eficiente, neutral y competitivo, la parte del mismo que recae sobre las comunidades autónomas también tiene que perseguir estos principios a la hora de elaborar y modificar el diseño de su estructura», añaden.

«Cualquier reforma debe ir enfocada al incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, que es la verdadera palanca del empleo, y, por lo tanto, de una redistribución sostenible en el tiempo, y en la lucha contra el fraude fiscal, más que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno», explica el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Los planes de Montero

Montero espera que se puedan poner en marcha algunas subidas de impuestos ya en 2022, con «especial interés» en los referidos a los grandes patrimonios. «Tenemos que ver cómo se tiene expresar esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas», señaló Montero.

La ministra de Hacienda ha avanzado que la idea del Ejecutivo es que el comité vaya anticipando recomendaciones sobre las figuras fiscales para que el Gobierno las pueda incluir en los Presupuestos de 2022 y con ello lograr el objetivo de acercar la presión fiscal de España a la media europea, inferior entre 7 y 8 puntos del Producto Interior Bruto (PIB).

Un rejón fiscal que afectaría de lleno a la Comunidad de Madrid. «La reforma fiscal trata de evitar que a nivel autonómico se dejen vacíos de contenido algunas figuras fiscales como ha sucedido en algunas comunidades o abordar que la economía digital tenga un mayor reflejo en la tributación de España», recalca en clara referencia a la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso, con la situación fiscal más competitiva que la media de la Unión Europea.

Mientras, el IEE, al contrario del Gobierno, pone el foco en las comunidades autónomas con sistemas fiscales de los más gravosos dentro de la UE. «No deja de ser problemático el hecho de que muchas comunidades autónoma tengan sistemas fiscales de los más gravosos dentro de la Unión Europea (UE), y en vez de aproximarnos a las mejores prácticas, pretendemos que las regiones», concluyen.