Rato volverá a sentarse en el banquillo por delito fiscal, blanqueo de capitales y corrupción

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato volverá a sentarse en el banquillo tras su absolución en la salida a Bolsa de Bankia y su salida de la cárcel en la que cumplía condena por las tarjetas ‘black’. Será juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio. La Fiscalía pide casi 70 años de cárcel para Rato y el juez le exige 65,1 millones de fianza por posible responsabilidad civil.

El magistrado Antonio Serrano-Arnal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha acorado la apertura de juicio oral por estos delitos, pero  entiende que no ha lugar a juzgarle por falsedad continuada e insolvencia punible, por lo que no será juzgado por estas conductas, en contra del criterio de la Fiscalía. En esta resolución, contra la que no cabe recurso, se declara competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado casi 70 años de prisión para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros. Le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; y otro de corrupción en los negocios. También le imputaba otro de insolvencia punible, por el que pedía cuatro años, por el que finalmente no será juzgado.

El magistrado, que también abre juicio a otras 17 personas, físicas y jurídicas, requiere a Rato para que en el plazo de un día preste una fianza de 65,1 millones de euros a fin de garantizar la posible responsabilidad civil derivada del proceso.

A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.