PSOE y Podemos se cargan 18.000 empleos y 2.400 millones de euros al tumbar la reforma de la estiba
Unidos Podemos y PSOE han rechazado este jueves la convalidación de la reforma liberalizadora de la estiba que pretende acabar con los privilegios de un sector controlado por los sindicatos. Su aprobación generaría una reducción del 30% los costes portuarios, un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de más de 2.400 millones de euros y la creación de 18.000 puestos de trabajo, según un informe de PwC.
La reforma de la estiba que han tumbado PSOE y Unidos Podemos no es una decisión del Gobierno, sino que se enmarca dentro de las exigencias comunitarias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó en 2014 a España por no liberalizar el sector y fruto de ello se ha acumulado una deuda de 23 millones de euros. En caso de producirse una segunda sentencia, la multa ascendería a 134.000 euros diarios hasta la aplicación de la reforma.
No obstante, esas cifras, aunque importantes, parecen casi residuales si se tiene en cuenta que la estiba mueve 200.000 millones de euros entre importaciones y exportaciones, De este modo, los apenas 6.000 trabajadores del sector controlan el 20% del PIB de España.
En ese contexto, un informe de PwC elaborado para la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE) señala que la economía española se vería beneficiada con un incremento del PIB real del 0,22%, unos 2.400 millones de euros. Y es que el año 2009 supuso un descenso de la actividad portuaria del 16%. Desde entonces, la actividad ha evolucionado pero no ha recuperado los niveles de 2008.
Según PIPE, esta pérdida de rentabilidad viene motivada principalmente por 3 razones: la caída de los tráficos, la sobrecapacidad existente en el sistema y los altos costes e inflexibilidad de las tasas portuarias y mano de obra: «Los salarios de los estibadores son altos. Llegan a alcanzar el triple que el de otros trabajadores en otros sectores con las mismas cualificaciones y responsabilidades».
Sueldo medio de 68.000 euros anuales
La masa laboral de la estiba en España la forman algo más de 6.000 trabajadores que, de media cobran unos 68.000 euros anuales, un 60% más que el resto de trabajadores de los puertos. Un gruista puede llegar a cobrar hasta 110.000 euros al año, bastante más que el presidente del Gobierno.
El conflicto surge con motivo del monopolio mantenido por los sindicatos de estibadores a la hora de contratar trabajadores. Actualmente, las empresas están obligadas a contratar a sus empleados a través de las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (SAGEP), de las que son accionistas las propias compañías estibadoras. Es decir, no existe libertad de contratación de trabajadores. Eso es lo que Bruselas exige modificar para adaptarnos a la legislación europea.
Sobrecostes de 230.000 euros por cada barco
El conflicto de la estiba está pasando factura a las compañías exportadoras españoles. Cada barco que sale de los puertos españoles sufre un sobrecoste de 230.000 euros por la bajada de la productividad.
«Las cosas no vuelven a la normalidad, la productividad es baja y los contenedores se siguen acumulando en los puertos», explican a OKDIARIO fuentes del sector. Ante la intransigencia de los estibadores, las grandes navieras están incrementando el coste en 200 euros por contenedor, un sobrecoste que está repercutiendo negativamente a los clientes finales y los intermediarios.
Desde que comenzó el conflicto, aseguran, «la productividad es muy baja y los contenedores se amontonan en el puerto porque no hay nadie que los suba a los barcos». Además, el temor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se está cumpliendo porque, ante la disputa, los barcos están eligiendo los puertos de Marsella y Tánger para hacer sus escalas.
Esto con respecto a los barcos que llegan, pero la problemática aumenta con los barcos que exportan las mercancías que salen de España. Ante este incierto escenario, las grandes navieras han tomado dos decisiones: poner un sobrecoste a cada uno de los contenedores que suben a los barcos o directamente no aceptar más carga.
A cada uno de los contenedores se les aplica un sobrecoste de 200 euros y, como mínimo, en un barco de tamaño medio pueden caber alrededor de 12.000 unidades. De modo que el encarecimiento extra total de solo un barco, también como mínimo, asciende a unos 230.000 euros.
Un encarecimiento que, en la mayoría de los casos, termina siendo absorbido por los clientes finales y los intermediarios. Eso sí, cabe la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las diferentes partes para que cada una de ellas se haga cargo de un porcentaje. Las navieras ya han avisado a las empresas con las que trabajan que los nuevos ‘precios’ se comenzarán a aplicar el 14 de abril. A juzgar por estas palabras, las compañías no tienen demasiadas esperanzas de ver el punto y final al conflicto.
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