Economía
Las reclamaciones ya suman 12 millones

Las protestas radicales en la frontera disparan un 255% las demandas de transportistas contra la Generalitat

Los tres días consecutivos de protestas de los radicales independentistas catalanes, que han cortado el paso en la frontera con Francia de lunes a miércoles, ha disparado un 255% el número de autónomos transportistas y comerciantes que se están sumando a una denuncia contra la Generalitat por daños y perjuicios. La está preparando Convivencia Cívica Catalana (CCC), que se ha visto obligada a ampliar el plazo ante la avalancha de peticiones para sumarse a la demanda.

De acuerdo con las fuentes de Convivencia Cívica Catalana consultadas, a esta hora ya han firmado su adhesión a la demanda un total de 117 empresas, frente a las 33 que había hace unos días. «Vamos a ampliar el plazo porque estamos recibiendo muchas peticiones nuevas», aseguran desde esta institución catalana. En un principio, CCC tenía previsto cerrar el plazo y presentar la reclamación a la Generalitat de Quim Torra el 4 de noviembre y, después, el 15 de noviembre, fecha que va a ser otra vez ampliada.

Las reclamaciones económicas que se incluirán en la demanda al Gobierno catalán suman ya más de 12 millones de euros, a razón de 100.000 euros por cada demandante. A esto hay que sumar la de los más de mil dueños de comercios en los mercados, cuya reclamación varía en función de su tamaño.

«Son reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la administración, fundamentadas en la obligación de la administración de indemnizar a los ciudadanos por los daños que sufran como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración», aseguran desde CCC.

Camiones parados

Los transportistas son el sector que más ha sufrido las consecuencias de las nuevas protestas de los radicales independentistas, que han colapsado la frontera con Francia a través de La Junquera de lunes a miércoles. Las patronales han cifrado las pérdidas en más de 200 millones de euros e, incluso, han amenazado con una huelga ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha desalojado a los radicales en tres días -como sí hizo la policía francesa-.

Junto a los transportistas, las 117 empresas que ya se han sumado a la demanda se encuentran compañías de mensajería, peluquerías, bares, restaurantes, hoteles y dueños de comercios en mercados que han sufrido importantes pérdidas por las algaradas radicales tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo a mediados de octubre.

Desde Convivencia Cívica Catalana recuerdan que no van a hacer públicos los nombres de las empresas que se están uniendo a la demanda para evitar boicots por parte de los independentistas.