El PP enmienda la ley de la función pública para impedir el control de Hacienda sobre los altos cuerpos

El PP presentará varias enmiendas al proyecto de ley de la Función Pública para impedir que Hacienda controle a los altos cuerpos del Estado en un intento palmario de politizar la Administración. La estrategia de la ministra Maria Jesús Montero pasa por reducir al máximo los requerimientos para que los interinos se conviertan en funcionarios sólo obteniendo luz verde en uno de los exámenes de los seis que deben aprobarse en el turno libre de acceso a la profesión. La oposición cree que esta es una manera de colar por la puerta de atrás hasta los puestos de mayor responsabilidad técnica de la Administración a trabajadores que en adelante deberán su ascenso y su nueva retribución a la discrecionalidad del poder político y cuya independencia pasará a estar en cuestión.

Las enmiendas del PP insistirán en mantener y sostener las condiciones de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad en el acceso a la carrera de funcionario, más si se trata de la élite administrativa, que desempeña tareas de control técnico del Gobierno y de asesoramiento profesional del mismo. El proyecto de ley de la Función Pública empezará a tramitarse a finales de mes y el plazo de enmiendas se ha ampliado sucesivamente. En la actualidad, finaliza el 26 de abril.

Aprovechando el pretexto de las próximas y masivas jubilaciones de buena parte de las plantillas por cuestiones de edad, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha decidido convocar nuevas plazas con la intención de que los interinos, sólo con la condición de haber aprobado uno de los seis exámenes que se requieren para ganar una oposición, se conviertan en funcionarios de carrera. Pero el rechazo de los altos cuerpos -entre los que se incluyen los inspectores de Hacienda, los interventores del Estado, los arquitectos y demás miembros de la Administración- se ha recrecido con el proyecto de ley de Función Pública.

En dicho proyecto se incluye una disposición adicional en uno de cuyos párrafos «se autoriza al Gobierno a llevar a cabo, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta norma, una sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización, ordenándolos en subgrupos y pudiendo crear, modificar o suprimir los existentes». De acuerdo con las fuentes consultadas por OKDIARIO, este hecho es gravísimo porque habilita al Ejecutivo a cambiar de arriba a abajo la función pública a su antojo con el sentido claro de poner la Administración al servicio del Gobierno.

La primera convocatoria que ha puesto en marcha el Departamento de Montero de acuerdo con los nuevos criterios, para primar a los interinos, ha sido la de interventores y auditores del Estado, cuya función principal es precisamente la de fiscalizar las cuentas públicas y la adecuada utilización de los recursos comunes. La asociación de interventores (Acsiae) prepara un recurso contra esta iniciativa que abre la puerta a que aspirantes que no hayan aprobado la oposición al completo, tal y como está concebida, puedan desempeñar funciones propias de interventores y auditores del Estado en funciones tan delicadas como el control de las subvenciones, de los fondos europeos y en general de la vigilancia del gasto público.

De acuerdo con los medios consultadas por OKDIARIO, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración
General del Estado (Fedeca), que agrupa a 44 asociaciones profesionales y
sindicatos, y representa a unos 15.000 funcionarios de carrera del subgrupo A1, los de mayor rango, enviarán una carta al Ejecutivo de Bruselas protestando por el intento del Gobierno de desvirtuar el funcionamiento tradicional de la Administración y la pérdida correspondiente que va a representar de la independencia que debe guiar todo tipo de acto administrativo.

Previamente, Fedeca ha enviado una carta a la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente de la ministra de Hacienda, en la que se une a la campaña de firmas en marcha para mostrar su oposición
al nuevo sistema de promoción interna impulsado por el Gobierno.
El objetivo de la recogida de firmas ha sido trasladar, de forma directa, la
oposición de los funcionarios A1 a dicho sistema de promoción interna, mediante la realización de una campaña transparente, digital y pública. Los firmantes se han pronunciado en contra del acuerdo alcanzado en su día entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y algunas organizaciones sindicales con escasísima representatividad entre el colectivo de funcionarios Al para impulsar la promoción masiva de los interinos.