El PP, admitido como acusación particular en el caso Plus Ultra

El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha admitido al PP como acusación popular en el llamado ‘caso Plus Ultra’, el rescate de la aerolínea de capital venezolano con 53 millones de dinero público. En esta causa, está investigado todo el consejo de la SEPI, compuesto por 15 altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.

En una providencia, la magistrada Esperanza Collazos da por personada a la formación política, que considera que los hechos «resultan de una indiscutible gravedad» al tratarse de posibles delitos públicos «de indudable trascendencia social».

La investigación parte de una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación en el rescate a Plus Ultra, aprobado por el Gobierno el pasado 9 de marzo y que consiste en 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI.

La causa se dirige también contra Bartolomé Lora, vicepresidente del organismo y entonces presidente en funciones ante el vacío de poder derivado de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estaba guardando el puesto a su protegido, el también imputado en el caso Aznalcóllar Vicente Fernández Guerrero, como denunció OKDIARIO.

Entre los consejeros de la SEPI en el momento de acordar el rescate figuran tres secretarias de Estado, Esperanza Casteleiro (Defensa), Inés María Bardón (Hacienda), y Sara Aagesen (Energía).

También Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa hasta esta semana, que ha dejado el cargo junto a dos de los responsables de la oficina económica de Moncloa.

El resto del consejo lo componen el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco; la directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno.

En ello hacía precisamente hincapié el PP en su escrito de personación, en el que recordaba que los hechos bajo sospecha «afectan a altos cargos de la Administración e, incluso, podrían resultar involucrados algunos miembros del Gobierno», ya que las ayudas «resultan concedidas por acuerdo del Consejo de Ministros».

Antes de personarse en esta causa, el PP ya solicitó la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la ayuda concedida a Plus Ultra, al considerar que es una empresa española «no estratégica» con gran peso de capital venezolano y panameño. Esta petición fue rechazada por PSOE y Podemos en la Mesa del Congreso.