El plan fiscal del PP: el tipo máximo del IRPF inferior al 40%, bajar Sociedades del 20% y acabar con Patrimonio

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quiere una “revolución fiscal” si gana las elecciones generales del 10N. Su programa electoral incluirá que, durante los cuatro años de legislatura, se devuelvan “16.000 millones de euros a la economía productiva”. Así lo anunció este lunes el líder de la oposición, que quiere llevar a cabo una masiva bajada de los principales impuestos si logra llegar a La Moncloa tras el 10 de noviembre.

Desde el equipo económico del PP explican a OKDIARIO el trasfondo que guiará la hoja de ruta de Casado en economía. El objetivo de los populares es “ensanchar la base fiscal por crecimiento, creación de empleo, afloramiento de la economía sumergida y bajadas de tipos”. Añaden que bajar los impuestos y tener una presión fiscal más reducida “deja más dinero en manos privadas” y ayuda a mejorar el crecimiento.

Pablo Casado promete que el tipo máximo del Impuesto sobre la Renta (IRPF) acabe la próxima legislatura por debajo al 40% (en la actualidad es del 45%); que el tipo general de Sociedades se reduzca por debajo del 20% (ahora está en el 25%); acabar con el Impuesto del Patrimonio, y dejar en un nivel mínimo, tal y como ocurre en la Comunidad de Madrid, el de Sucesiones y Donaciones. Según Casado, la suya será la mayor reforma de los impuestos desde 1998.

El Impuesto de Patrimonio pretende eliminarlo completamente. En el PP critican duramente a los socialistas que, por el contrario, quieren obligar a las comunidades autónomas a cobrarlo. Respecto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones los populares quiere fijar un tipo mínimo de entorno al 1%, como en Madrid, un porcentaje testimonial que servirá para que no se utilice una sucesión para aflorar economía sumergida.

Casado también anunció el lunes que impulsaría una “bonificación fiscal al ahorro para que los productos de planes de pensiones, planes de ahorro y viviendas habituales que se enajenen para completar la jubilación no tributen en su coste de rescate”.

Aunque desde el PP reconocen que algunas medidas serán más rápidas y otras menos si alcanzan La Moncloa, el objetivo será reforzar los pilares de la economía española para que el país pueda afrontar con más fortaleza periodos de desaceleración económica como los actuales. Para ello, el programa económico del Partido Popular también abogará por la flexibilidad laboral y por proseguir con la reforma de las administraciones públicas.

Una de las banderas del equipo económico de Casado será incentivar la creación de empresarios y de nuevos autónomos. Para ello, se ven más alineados con las rebajas de las cotizaciones sociales que con los incrementos impulsados en el último año por el PSOE.

Otros estímulos económicos

Sobre el empleo autónomo el PP se muestra partidario de incentivar que los empleados por cuenta propia coticen más a la Seguridad Social, pero siempre de forma voluntaria porque si no el efecto podría ser contraproducente.

Casado también ha anunciado que quiere extender la tarifa plana a nuevos colectivos. Su tarifa plana estaría en vigor 12 meses más de los ya existentes para todos los autónomos y 24 más en el caso de menores de 30 años, mayores de 52, mujeres víctimas de malos tratos, emprendedores del entorno rural, o personas con algún tipo de discapacidad por encima del 33%.

También quiere una Ley de Segunda Oportunidad, para que ante un fracaso empresarial las deudas tributarias o de la Seguridad Social no sean un impedimento para que los emprendedores traten de poner en marcha un nuevo proyecto empresarial.

Pero el programa económico del PP también pretende controlar el gasto público y reducir la burocracia: Casado pretende usar el artículo 150.3 de la Constitución para armonizar las legislaciones de las autonomías para lograr una ley de unidad de mercado que no tumbe la Justicia; dar una vuelta a la reforma de las administraciones públicas que comenzó Mariano Rajoy y que inició un proceso de cierre de empresas públicas; apostar por la digitalización de la administración burocrática, o crear una “autopista administrativa” con una ventanilla única de Seguridad Social, Hacienda y el registro mercantil para que en una mañana se puedan hacer los trámites para crear una empresa y que en cinco días, como máximo, la compañía esté dada de alta.