Los PGE reducen al 40% la bonificación fiscal para las entidades dedicadas al alquiler de vivienda

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha comunicado este miércoles que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 reducen del 85% al 40% la bonificación fiscal para las entidades que se dedican al alquiler de vivienda. En concreto, durante la rueda de prensa en el Congreso para presentar las nuevas cuentas públicas, Montero indicó que esta medida, que se iba a incluir en la nueva Ley de Vivienda, pero que aún no se ha aprobado, se ha adelantado en los Presupuestos del próximo año.

Fuentes de Unidas Podemos han señalado que el acuerdo alcanzado con el PSOE sobre la nueva ley de vivienda contemplaba esta medida, que permitirá que se retiren «privilegios fiscales» a estas entidades, que generalmente entran dentro de la categoría de grandes propietarios, según informa Europa Press.

Con ello, se podrán sufragar los incentivos fiscales para los pequeños propietarios que permitirán bajar los alquileres, ya afectados por la congelación en zonas tensionadas.

En concreto, esta mayor tributación que procederá de estas sociedades se destinará a vehicular las exenciones fiscales de hasta el 90% dedicadas a que los pequeños propietarios se decidan a bajar las rentas de sus inquilinos en pisos dentro de zonas tensionadas.

Tipo mínimo del 15%

Junto con esta novedad fiscal en materia de vivienda, adelantada en el proyecto de Presupuestos, las cuentas del próximo año incluyen el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para empresas con una facturación superior a los 20 millones de euros o que tributen como grupos consolidados.

«Las cuotas que pagan estas empresas no podrán dar como resultado un tipo mínimo inferior al 15% sobre la base imponible», indicó Montero, quien recordó que esta medida permitirá recaudar unos 400 millones de euros.

Montero destacó que este cambio fiscal está en línea con el acuerdo alcanzado en el marco de la OCDE por 136 países para establecer una medida similar, algo que la ministra calificó como «hito sin precedentes, que va a marcar una nueva línea en la esfera internacional» para evitar la «excesiva» ingeniería fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.

Planes de pensiones

Asimismo, los Presupuestos limitan a 1.500 euros las aportaciones individuales a planes de pensiones con derecho a deducción, desde los 2.000 euros actuales, e incrementan en la misma proporción, hasta los 8.500 euros, las aportaciones bonificadas en los planes de pensiones de empresas.

Montero aseguró que este límite de 8.500 euros opera tanto para las aportaciones destinadas por la empresa como de manera individual por el trabajador, si bien la aportación bonificada del trabajador no podrá exceder a la de la propia empresa.

Según Montero, la reducción fiscal para las aportaciones individuales a planes de pensiones es un beneficio fiscal «muy discutido» tanto por la propia Comisión Europea como por la AIReF por tener un «carácter regresivo» y además premia un vehículo de ahorro frente a otros.