El palo a IPTV se hace oficial: ya están llegando las primeras multas de 5.000 euros a estas personas

• Blanca Espada @blank7133
• Redactora de contenidos en OkDiario. Escribiendo para blogs y empresas de contenidos digitales desde 2007.
• • 23/05/2025 08:30
  • Actualizado: 23/05/2025 08:30

Desde hace años, el acceso a contenidos audiovisuales mediante plataformas ilegales de IPTV (Internet Protocol Television) se ha convertido en una práctica extendida en muchos hogares no sólo de España, sino en toda Europa. Este tipo de espacios online, permitían acceso ilimitado a canales de pago a un precio más económico, e incluso en algunos casos, gratuito, aprovechando resquicios técnicos y vacíos legales. Sin embargo, ese chollo tiene cada vez más los días contados. Las autoridades han comenzado a actuar con contundencia, y las consecuencias para los usuarios empiezan a llegar, y en forma de sanciones económicas que ya no se quedan sólo en amenazas.

En países como España o Italia, el cerco se ha ido estrechando en los últimos meses. A través de herramientas tecnológicas de detección, colaboraciones entre entidades privadas y organismos públicos, y una normativa que ya no sólo apunta a quienes distribuyen, sino también a quienes consumen estos servicios ilegales, los gobiernos han empezado a dejar claro que ver fútbol gratis desde el sofá, cuando no se tiene el permiso para ello, puede salir muy caro. Y ahora las primeras multas han comenzado a llegar y en concreto en Italia, dónde más de 2.000 personas ya han sido sancionadas por el uso de IPTV piratas. Las cifras varían, pero las sanciones más graves alcanzan los 5.000 euros. Y lo más llamativo es que no se trata de distribuidores o grandes redes, sino de simples usuarios.

Llegan las primeras multas por el uso de IPTV

El país que más decididamente ha dado el paso de sancionar a usuarios particulares ha sido Italia. Gracias a una herramienta llamada Piracy Shield, el Gobierno italiano ha conseguido crear un sistema capaz de detectar, bloquear y actuar contra emisiones ilegales de contenido protegido en cuestión de minutos. Esta plataforma funciona de forma automatizada, sin necesidad de intervención judicial previa, lo que permite una reacción casi inmediata cada vez que se detecta una emisión pirata en curso.

Pero su eficacia no termina ahí. Piracy Shield no sólo identifica transmisiones en directo de fútbol, películas o series sin licencia. También actúa sobre infraestructuras como redes de IPTV, servicios VPN camuflados o DNS que permiten eludir bloqueos regionales. En menos de 30 minutos desde la denuncia, el sistema puede exigir a los proveedores de Internet el bloqueo del contenido, e incluso recopilar información que permite localizar e identificar al usuario final. Es ahí donde entra en juego el brazo sancionador del Estado: las fuerzas de seguridad italianas.

La Guardia di Finanza, un cuerpo especializado en delitos financieros y tecnológicos, ha comenzado a enviar sanciones económicas a usuarios identificados mediante sus direcciones IP. El diario TorrentFreak ha informado de que, en una primera oleada, 2.282 personas han recibido multas por el uso de IPTV ilegales, con cuantías que empiezan en 154 euros pero pueden escalar hasta los 5.000 euros si el usuario es reincidente. La iniciativa no es simbólica: las autoridades están decididas a extenderla y continuar rastreando a más infractores.

España endurece el control, pero sin llegar (aún) al modelo italiano

En nuestro país, el movimiento va en la misma dirección, aunque de momento con una ejecución algo menos agresiva. LaLiga, en colaboración con operadoras de telecomunicaciones y apoyada por una autorización legal específica, lleva ya un tiempo supervisando las direcciones IP desde las que se accede a emisiones ilegales de sus partidos. La intención no es únicamente desmantelar redes de distribución, sino también advertir (y, eventualmente, sancionar) a los usuarios finales.

La diferencia con Italia es que aquí el sistema aún requiere más pasos judiciales para actuar, y las sanciones no se han extendido públicamente de forma tan masiva. Sin embargo, la línea trazada es clara. Las campañas de concienciación, los avisos sobre la ilegalidad de estos servicios y la colaboración cada vez más estrecha entre empresas de contenido y las autoridades apuntan a un futuro muy similar: las multas a usuarios también llegarán a España, más pronto que tarde.

Además, el contexto europeo está reforzando esta tendencia. Las normativas comunitarias instan a los países miembros a proteger los derechos de propiedad intelectual y los intereses económicos de los productores de contenido. Por tanto, la presión externa también empuja a adoptar herramientas de control y sanción similares a las de Piracy Shield.

El atractivo de las IPTV ilegales es evidente: por unos pocos euros al mes (o incluso gratis), los usuarios acceden a una amplia oferta de contenidos que normalmente costarían decenas o cientos de euros en plataformas legales. Pero lo que muchas veces no se valora es el riesgo real que conlleva su uso. Más allá de posibles virus o estafas, cada conexión queda registrada. Y esa huella digital es lo que hoy está permitiendo a los gobiernos, como del Italia, a identificar a quienes consumen estos servicios, de modo que a fin de cuentas, es mucho más arriesgado abonarse a este tipo de plataformas o usarlas de forma pirata gracias a internet, que pagar por ver los contenidos de manera legal.