La OCU se opone al recurso de Volkswagen por el «dieselgate» que retrasa las indemnizaciones en España

Continúa el escándalo por los motores trucados que burlaban las emisiones de gases. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha opuesto al recurso de Volkswagen España contra la sentencia, dictada el pasado enero, que condenaba a la compañía a pagar más de 16 millones de euros entre perjudicados por el caso de la manipulación de motores diésel, conocido como «dieselgate». La mitad que paga el fabricante automovilístico en Alemania.

En una nota de prensa difundida este viernes, la OCU muestra su rechazo a los argumentos de la filial del grupo automovilístico alemán, que -explica la asociación- solicitó la nulidad de las actuaciones al considerar que la demanda colectiva debería haberse juzgado en Barcelona y no en Madrid.

A comienzos de año, en el mes de enero, el juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid estimó las pretensiones de la OCU, que pedía una indemnización por daños y perjuicios de 3.000 euros para cada uno de los consumidores afectados a los que representaba. Para el magistrado, que ordenó a la compañía que cesara en dicha conducta ilegal, la instalación en estos motores de un programa informático «que ofrecía una imagen inveraz de las emisiones de gases contaminantes», es una práctica desleal.

Los motores trucados de Volkswagen

En concreto, apuntaba el veredicto, este «software» camuflaba «sus verdaderas condiciones» y simulaba «el mantenimiento de unos niveles de elevada potencia y consumo reducido al tiempo que transmitía públicamente la idea de una reducción significativa del consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes».

Asimismo, recordaba que el fabricante alemán ya había alcanzado un acuerdo para indemnizar en Alemania a los propietarios de los vehículos afectados, «comprometiéndose a abonar entre 1.350 y 6.250 euros a partir del 5 de mayo».

Ahora la OCU defiende en su escrito de oposición la «correcta valoración de la prueba» realizada por el juez de primera instancia, y reitera el carácter de «hecho notorio del trucaje de los motores». De igual modo, sostiene que el objeto de la demanda no es si los vehículos funcionaban con el motor trucado o no, sino «una conducta totalmente contraria a la buena fe», lo que supone un «acto de comercio desleal» con sus clientes.

En opinión de la OCU, Volkswagen España es el que debe responder por estos hechos; sin embargo, la filial «trata de eludir su responsabilidad atribuyéndola a la matriz alemana».