Energía

La nueva Ley Europea del Clima impulsa la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

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Gases de efecto invernadero

La Ley Europea del Clima, que pretende que la economía y sociedad de la Unión Europea sean climáticamente neutras de aquí a 2025, será ‘socialmente justa y rentable’, según ha afirmado hoy la ponente del informe del Parlamento Europeo sobre la norma, Jytte Guteland.

La eurodiputada ha participado este jueves en un encuentro telemático con periodistas españoles organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, en el que ha asegurado que la ley «no dejará a nadie atrás» y que hará a Europa más competitiva a nivel global.

La Ley Europea del Clima, a propuesta de la Comisión Europea (CE), establecerá la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un mínimo del 55% para el año 2030 con respecto a los niveles de 1990; así como medidas para hacer un seguimiento de los avances de los Estados Miembros y ajustar las acciones de la CE al respecto.

Al mismo tiempo, la nueva norma pretende ofrecer previsibilidad a los inversores y demás agentes económicos, así como garantizar una transición justa para todos los país, sin renunciar a que el camino hacia la neutralidad climática sea irreversible, según indica la CE en la página web de la ley.

Una ley necesaria

Para la eurodiputada, miembro de la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, la ley será una oportunidad económica y un ‘win win’ tanto para el clima como para la ciudadaní», con beneficios en ambas direcciones en ámbitos como la salud, la calidad del aire o la industria.

Guteland ha insistido en que la aprobación de la Ley Europea del Clima es ‘urgente’, si se pretende que Europa cumpla con los estándares marcados por el Acuerdo de París de 2015 y con los objetivos para combatir el cambio climático y la contaminación con prontitud.

En ese sentido, la eurodiputada ha pedido que la pandemia del coronavirus no influya en una decisión negativa respecto a la norma, y que el miedo a sus consecuencias económicas no sirva como justificación para retrasar o no apoyar la ley.

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