Naturgy se suma a Iberdrola y Endesa: renegociará contratos de clientes tras el ‘tarifazo’ de Sánchez
Las eléctricas tendrán que romper contratos con clientes para acatar la subasta de energía del Gobierno
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Naturgy se suma a Iberdrola y Endesa y ha comenzado a comunicar a aquellos grandes clientes que tienen un contrato de suministro de energía eléctrica suscrito con la compañía a precio fijo su intención de negociar las condiciones de estos contratos, han explicado fuentes de esta compañía.
Recientemente, Iberdrola y Endesa avanzaron que revisarían los contratos de suministro a largo plazo con grandes clientes afectados por las medidas aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto en el recibo de hogares y empresas del encarecimiento del mercado mayorista eléctrico (pool) derivado de la subida del gas.
Ahora Naturgy sigue sus pasos y se dirige a aquellos grandes clientes, como empresas industriales, que tienen un contrato a precio fijo en vigor en el mercado eléctrico con la intención de aplicar las cláusulas incluidas en estos contratos y de renegociarlos con soluciones en beneficio de ambas partes.
Entre las medidas aprobadas por el Real decreto-ley del Gobierno figura que nucleares, hidroeléctricas y renovables sin primas tengan que devolver los beneficios «extra» que generen hasta marzo de 2022 al calor de los altos precios de un recurso que no usan, así como que las grandes eléctricas tengan que subastar parte de su generación entre comercializadoras e industrias.
Fuentes del sector que explican que «las eléctricas tienen el 100% de la energía vendida ya a plazo. Para poder cumplir con la obligación de las subastas que exige el Ejecutivo tendrían que poner fin a algunos de sus contratos, perjudicando a los clientes». Hay que tener en cuenta que las compañías eléctricas comprometen a un año vista el total de su energía, tanto es así que empresas como Iberdrola o Endesa, ya tienen comprometida más del 50% de su producción de cara al próximo 2022.
Estas medidas levantaron las críticas de la práctica totalidad del sector por considerar que atacan a la viabilidad de los contratos bilaterales de suministro a largo plazo, conocidos como PPA, cerrados hace meses a precios fijos y muy inferiores a los del pool. Las compañías energéticas alegan que las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno a través de ese real decreto hacen insostenibles la rentabilidad de todos esos contratos.
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