Las eléctricas tendrán que romper contratos con clientes para acatar la subasta de energía del Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto el foco en las empresas del sector eléctrico con el objetivo de abaratar la imparable alza en el precio de la luz. Una de las decisiones más polémicas ha sido la de obligar a grandes compañías como Iberdrola, Endesa o Naturgy, a vender parte de su energía en una subasta, algo que supondría que estas empresas tengan que romper varios contratos con algunos de sus clientes al tener el total de su capacidad comprometida para este año.

Así lo han explicado a OKDIARIO fuentes del sector que explican que «las eléctricas tienen el 100% de la energía vendida ya a plazo. Para poder cumplir con la obligación de las subastas que exige el Ejecutivo tendrían que poner fin a algunos de sus contratos, perjudicando a los clientes». Hay que tener en cuenta que las compañías eléctricas comprometen a un año vista el total de su energía, tanto es así que empresas como Iberdrola o Endesa, ya tienen comprometida más del 50% de su producción de cara al próximo 2022.

La obligación de las eléctricas de aportar parte de la energía en estas subastas supondría que estas grandes empresas se vean obligadas a rescindir determinados contratos, perdiendo competitividad y pudiendo llegar a perder a parte de sus clientes habituales. Las empresas perjudicadas por esta situación serán Iberdrola, Endesa, Naturgy y Acciona.

A esas subastas anunciadas por el Gobierno, que tendrán un precio mínimo para garantizar los costes de producción, concurrirán las pequeñas comercializadoras y los grandes consumidores industriales, que podrán adquirir energía de una forma más barata que en el actual pool mayorista. En este mecanismo participarán principalmente nucleares e hidroeléctricas, y la primera subasta se convocará antes de que finalice este 2021. De acuerdo a los datos que ha adelantado el Ministerio para la Transición Ecológica, las cuatro grandes compañías citadas tendrán que ofrecer 15.830 GWh, una cifra que equivale al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.

Repercusión en los consumidores

Otra de las herramientas propuestas por el Ejecutivo supone imponer a las empresas del sector eléctrico español una serie de cargas e impuestos, que finalmente serán repercutidos en los recibos de la luz de los consumidores que actualmente se encuentran dentro del mercado libre y que no estaban sufriendo las consecuencias del alza de la electricidad. De este modo, el plan ideado por el Gobierno de Sánchez para proteger a los consumidores españoles tendrá precisamente el efecto contrario al deseado.

Las mismas fuentes del sector eléctrico español citadas anteriormente destacan a este diario que «intentando arreglar un error de diseño regulatorio del 10% de la energía eléctrica (PVPC, tarifa regulada), sus soluciones van a impactar en el 90% de la energía que no tenía problemas (en mercado libre).  Los nuevos impuestos y cargas se pasarán, como un nuevo coste más, a los clientes con contrato estable (90% energía)».

Primeras reacciones

A escasas horas de que se anunciara el paquete de medidas diseñado por el Ejecutivo para poner fin a la escalada del precio de la luz, se han producido las primeras reacciones negativas. Así, el Foro de la Industria Nuclear Española expresó este martes su rechazo al proyecto de ley sobre la retribución del CO2 y al Real Decreto-Ley aprobado en el Consejo de Ministros este martes para reducir el precio de la luz, y aseguró que su aplicación podría derivar «en el cese de la actividad de todo el parque nuclear».

Las nucleares defendieron que estas medidas «ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear» y piden que, en caso de que el proyecto de ley se apruebe, no se aplique de forma retroactiva. Para este sector, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez reducido el precio del CO2, debería mantenerse en el entorno de los 57 o 60 euros/MWh, teniendo en cuenta el nivel impositivo actual.