`
Economía

Nadal no convence a las eléctricas: denunciarán ante el Supremo el nuevo bono social

Las eléctricas recurrirán nuevamente ante el Tribunal Supremo el borrador del real decreto del Gobierno que regula la normativa del bono social. Gas Natural, Iberdrola y Endesa estarían de acuerdo en proteger a los clientes que, según criterios gubernamentales, presenten ‘grados de vulnerabilidad’, sin embargo, creen que antes de articular una legislación debe definirse bien el sistema que decidirá qué colectivos son vulnerables o no.

El conocido bono social puesto en marcha por el Ejecutivo tiene como objetivo el proteger a clientes considerados como vulnerables, para ello, en obliga a las empresas a rebajarles un 25% la factura para que puedan hacer frente a los pagos.

Es una medida que ya ha sido tumbada en dos ocasiones más por el Tribunal Supremo. Éste considera ilegal la tarifas subvencionada que se aplica a los consumidores de bajos ingresos, cree que va a en contra de la normativa comunitaria para el mercado interior de la electricidad.

A mediados de abril el Ejecutivo mandó un primer borrador del nuevo real decreto a las Consejerías de Energía de las Comunidades Autónomas. En este documento, se definía el nivel de vulnerabilidad según el umbral de renta, un aspecto que, según fuentes consultadas por OKDIARIO, “sería bastante razonable”. Sin embargo, ayer se conocían nuevos detalles de la normativa del Estado y no todo ha sido del gusto de las eléctricas.

Las familias numerosas y las que cuenten con un pensionista (por jubilación o incapacidad permanente) que perciba la pensión mínima se mantendrán como beneficiarias del bono social, el descuento que se aplica a los consumidores de energía eléctrica más vulnerables.

Las eléctricas exigirían un acuerdo global en política energética al Gobierno para llegar a un pacto firme con respecto al bono social que deje de lado los intereses electoralistas.

Las cotizadas creen que la normativa no estipula bien cómo se definirán las familias que son o no vulnerables. Defienden, además, que son los Servicios Sociales los que mejor preparados están para ver qué colectivos son vulnerables, no las empresas o los políticos, aseguran fuentes del sector. 

No obstante, antes de lanzarse al ruedo judicial, todas están estudiando aún el documento para tomar una decisión definitiva sobre los pasos que tomarán. Sin embargo, en una cosa  coinciden : el borrador es demasiado complejo y todo apunta a que llegar a un acuerdo no será un camino de rosas, sino más bien espinado.

Las tres firmas estarían de acuerdo en proteger a los clientes que no pueden pagar sus recibos, según fuentes jurídicas, sin embargo, la de Ignacio Sánchez Galán cree que el bono social debería asumirse vía Presupuestos Generales del Estado.

Una afirmación en la que no todas están 100% de acuerdo, según aseguran a este periódico las fuentes consultadas. Las eléctricas no quieren dejar de lado su ‘parte social’ pero, claro, siendo rentables. Defienden que, efectivamente, son empresas privadas a que dan un servicio público, pero para tener esa ‘sensibilidad social’ deben ser rentables, si no fuera así las cotizadas no tendría accionistas y estarían abocadas a la extinción.