Montero quiere subir Sociedades, cotizaciones sociales y alargar los impuestos a bancos y energéticas

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prepara nuevas subidas de impuestos en el presupuesto del año que viene ante los menores ingresos que se estám produciendo como consecuencia de la inflación. A pesar de que el Gobierno de Sánchez no ha descontado a lo largo de su mandato el impacto del crecimiento de los precios en los impuestos, y en particular en el IRPF -que es el que tiene mayor peso recaudatorio-, el descenso del IPC abre un agujero en lo que ha sido la principal fuente de recursos del Estado.

Entre las ideas que baraja Montero está la de «dar una vuelta al Impuesto de Sociedades», conservar como mínimo un año más el gravamen establecido de manera extraordinaria sobre el margen de la banca y de las compañías eléctricas, a pesar de que está recurrido ante los tribunales y los dos sectores afectados esperan ganar el pleito con toda seguridad, y seguir con los retoques en las cotizaciones sociales que ya tienen exhaustas a las empresas mermando la competitividad de la economía española.

La inflación aportó un extra de recaudación de 13.500 millones en 2022 (un 1% del PIB) y de 8.800 millones en 2023 (un 0,6% del PIB), por lo que la caída del IPC desde el 8,4% de 2022 al 3,5% de 2023 ha reducido en alrededor de un tercio las ganancias recaudatorias (4.700 millones aproximadamente). Sin embargo, el viento de cola de la inflación sigue siendo verdaderamente importante: aportó el 42% de las ganancias de recaudación de 2022, una cota que se elevó hasta el 56% en 2023. A ello ha contribuido, de manera significativa, la falta de corrección general de la llamada progresividad en frío del IRPF, tanto en lo que respecta a la tarifa como a los mínimos exentos y las deducciones.

Para hacerse una idea del maná que han supuesto para el Estado los ingresos que ha proporcionado la no deflactación de los impuestos, el colchón extra de ingresos aportado en 2023 (8.800 millones) ha sido equivalente al 87% de la reducción del déficit (10.200 millones). Sin embargo, la ministra Montero es muy consciente de que estos recursos extra asociados al efecto precios se irán reduciendo según avance el año, y aún será más intenso durante el próximo ejercicio en la medida que la inflación continúe su línea descendente hacia el 2%.

La consecuencia es que la progresiva mejora en los niveles de precios obliga al Gobierno a buscar fórmulas alternativas para reducir el déficit público, sobre todo ante la reinstauración de las reglas fiscales de la Unión Europea, suspendidas desde 2020 como consecuencia de la pandemia y la posterior guerra de Ucrania. De hecho, el Gobierno se ha comprometido a reducir el desequilibrio presupuestario hasta el 3% este año y continuará en la misma senda en el proyecto para 2025, que está en plena fase de preparación después de que el presidente Sánchez renunciara a presentar unas cuentas públicas para el actual ejercicio, una vez que el Govern de Cataluña decidiera anticipar las elecciones en la comunidad autónoma.

El problema para cuadrar las cuentas del Estado sigue siendo el que  persigue al Ejecutivo de Sánchez desde que está al frente del país: su falta de voluntad para reducir el gasto del Estado y su determinación de mantener un presupuesto expansivo que consolide el actual sistema de protección social e incluso lo aumente con la retahíla de nuevos derechos que el presidente quiere introducir a corto plazo, según avance la legislatura.

En concreto, el techo de gasto que había preparado Montero para 2024 se elevaba hasta 199.000 millones de euros, un 9% por encima del año anterior sin tener en cuenta la recepción de fondos comunitarios. El pretexto era, y sigue siendo, que la desaceleración económica rampante en Europa acabará afectando a España y que ello obliga a hacer los mayores esfuerzos posibles para conservar el Estado de Bienestar e incluso fortalecerlo.

El problema es que sin un giro de la política económica hacia una senda clara de consolidación fiscal -ajuste presupuestario- ningún observador da un duro por que el Gobierno sea capaz de reducir el déficit del Estado hasta el 3% del PIB. Y entre la mayoría de los servicios de estudios del país existen serias dudas de que se pueda reducir el déficit por debajo del 3% en los próximos años.

Las predicciones de la Comisión Europea (In-depth review 2024) publicadas a finales de marzo sitúan el déficit en una trayectoria ascendente del 3,2% en 2024 y del 3,4% en 2025. Con diferentes matices, estas predicciones coinciden con las realizadas por Banco de España o Funcas, que sitúan el déficit en esos años claramente por encima del 3%.