El magnate Luksic anuncia medidas legales si no se publica el informe definitivo del Popular

El magnate chileno Andrónico Luksic, a través de Aeris Invest, ha anunciado este jueves que adoptará acciones legales en caso de que la Junta Única de Resolución (JUR) no publique el informe definitivo sobre el Banco Popular, y critica al organismo por incumplir sus obligaciones.

En una nota de prensa, Aeris Invest carga contra la JUR por pretender «manipular a la opinión pública» con el documento conocido esta semana, en el que descartaba compensar a los accionistas y tenedores de deuda subordinada ya que la declaración de un proceso de insolvencia al uso habría supuesto la pérdida de más dinero.

El vehículo inversor del grupo Luksic ha calificado este trabajo de «ejercicio fútil», y ha cuestionado su pertinencia, en tanto que «es absolutamente irrelevante y no se corresponde con la situación real en el momento de la resolución», acordada el 7 de junio de 2017 por la JUR a instancias del Banco Central Europeo (BCE), y ejecutada en España por el FROB.

Aeris asegura que dicho texto «no tiene sentido» pues todavía no se conoce el informe de valoración definitivo, del que dependería el cálculo correcto del valor del Popular.

El pasado lunes, la JUR hacía pública su decisión preliminar tomando de base el «informe de valoración 3» de Deloitte, según el cual los inversores habrían perdido más en un proceso tradicional de insolvencia, por lo que no existiría un trato de favor que motivara compensación alguna.

34.000 millones

En virtud de los datos, la consultora calcula que las pérdidas para los acreedores habrían sido en el mejor de los casos de 23.400 millones de euros y en el peor de 34.100 millones, frente a los 11.400 millones que perdieron con la resolución.

Además, la insolvencia ordinaria habría generado unas pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones de euros para el Fondo de Garantía de Depósitos, que habrían tenido que utilizarse para proteger los depósitos de menos de 100.000 euros de la entidad.

Un escenario del que desconfían los perjudicados por la amortización a cero de las acciones del Popular, que recuerdan que de conformidad con la ley española, un eventual concurso no equivale a la liquidación automática de la empresa.