El ‘lobby’ inmobiliario advierte a Fomento: su cesión a Podemos con el alquiler disparará el precio

Los acuerdos en materia de vivienda que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellaron en el marco del borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE) han encendido todas las alarmas en el sector inmobiliario. El lobby que engloba a gigantes del alquiler como Azora, Testa o Haya Real Estate ha emprendido una ofensiva para tratar de explicar al Gobierno las consecuencias nefastas que tendrán sobre el mercado del alquiler algunas de las medidas acordadas con Podemos.

La que más preocupa es la de cambiar la duración de los contratos de alquiler hasta cinco años para los particulares y hasta siete años para las entidades jurídicas. Una decisión que obligará a los gestores de estas plataformas a elevar los precios de alquiler de golpe para blindar las rentabilidades que les exigen sus accionistas en el medio plazo.

Para tratar de frenar esta medida, representantes del sector han acudido a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, que depende del Ministerio de Fomento, para explicar de primera mano al Departamento de José Luis Ábalos los efectos dañinos que tendrá ese acuerdo en sus inversiones en España y en su estrategia. Un punto, este último, clave para los arrendatarios, que serán los que más sufrirán las consecuencias por el aumento de precio de los alquileres que traerá la medida. Curiosamente, fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el que rebajó la duración de los contratos de alquiler con el objetivo de rebajar los precios.

Fomento reconoce ser ‘rehén de Podemos’

Sin embargo, tras esas reuniones, el pesimismo se ha apoderado del sector por la fría respuesta de Fomento a sus explicaciones. Según fuentes conocedoras de esas conversaciones, la Secretaría de Estado, con Pedro Saura al frente, ha expresado que en materia de Vivienda «el Gobierno es rehén de Podemos». Esto es, su socio le impide dar marcha atrás en este anuncio.

Es más, la determinación del Ejecutivo es sacar adelante esta medida con o sin Presupuestos. Esas fuentes aseguran a este periódico que el plan del Ejecutivo es crear de manera inmediata una comisión interministerial para poner en marcha la medida.

Ante esta tesitura, los fondos y las inmobiliarias afectadas por la medida han decidido trasladar su preocupación al Ministerio de Economía, aunque con poca esperanza de que la situación revierta.

De hecho, en el sector no se olvida cómo España legisló los ‘desahucios express’ para que los propietarios pudieran expulsar a un okupa rápido con la salvedad de que se tratara de una vivienda propiedad de un banco o un fondo de inversión. «No se entiende esta medida. Se trataba de velar por el bien de los vecinos que sufren las consecuencias de los pisos okupados. ¿Qué importa si el propietario es un particular o una empresa?», lamentan en el sector.

Un 5% de los inquilinos afectados

Cerca de un 5% del mercado de alquiler está en manos del empresas del sector inmobiliario profesionalizado. La mayoría de esos inmuebles se encuentran en las ciudades de mayor demanda: Madrid y Barcelona. Según publicó este periódico el pasado 15 de octubre, el mayor actor del sector en España, el fondo Blackstone ya cuenta con 25.000 viviendas en alquiler con una ocupación del prácticamente el 100%.

Dentro de la movilización que han emprendido estas compañías para tratar de convencer al Ejecutivo de que revise ese acuerdo con Podemos se enmarca la pregunta que pronunció ayer, martes, el máximo responsable de Blackstone en España, Claudio Boada, a la ministra de Economía, Nadia Calviño, en un foro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. El fondo norteamericano expresó en público su preocupación por los efectos que algunas de estas medidas pueden tener sobre su negocio en España. Lo hizo tras recordar el papel activo que su capital ha ejercido en los años de crisis económica y posteriores, en los que ha invertido más de 22.000 millones de euros en comprar activos en este país.

Pese a esta movilización, el sector espera con pesimismo conocer el texto final que redacte el PSOE con Podemos para poner en marcha una medida que afectará a su negocio y al bolsillo de los inquilinos que tengan que firmar un nuevo contrato de alquiler con siete años de duración.