Lacalle y un grupo de economistas critican «un exceso de intervención» del Gobierno por la crisis del coronavirus

Un grupo de economistas, en el que figura el secretario de Economía del PP, Daniel Lacalle, ha reivindicado en un manifiesto «reducir los gastos del Estado hasta los límites mínimos» para «ayudar a quienes realmente lo necesitan» y «no dejar a nadie atrás» en la crisis provocada por la emergencia sanitaria del virus Covid-19.

Esta es una de las reivindicaciones del ‘Manifiesto por la libertad’, promovido por los economistas María Blanco, Daniel Lacalle y Juan Manuel López Zafra, que bajo el título de ‘En defensa de un Estado libre y de derecho’ alertan del riesgo de un «exceso de intervención».

Por otro lado, también advierten de que en el actual estado de alarma «se están cercenando las libertades fundamentales más allá del límite lógico» y avisan del riesgo de que no cesen estas restricciones una vez concluya, reivindicando la libertad de prensa, la transparencia y la rendición de cuentas a través del Parlamento.

«La excepcional situación actual, sin entrar en los factores que pudieron acelerar la propagación del virus SARS-CoV-2, no puede ser, en ningún caso, aprovechada para reducir las libertades de las que gozamos e imponer un lastre definitivo a la recuperación», esgrimen.

Así, exigen al Gobierno «reducir al máximo el gasto espurio para poder dedicar el excedente a la recuperación del tejido social y empresarial» y «dedicar el Presupuesto a la recuperación, para proteger a los trabajadores y autónomos y no incurrir en errores que lastrarán a nuestra economía y frenarán el progreso durante generaciones».

Critican la «extracción de rentas»

Recordando que la Constitución define a España como un «Estado social y democrático de derecho», lamentan que aquellos aspectos en los que «peor» se encuentra España es donde «señalan el exceso de intervención del Estado», y cita la educación, la libertad económica o la corrupción.

«Un Estado social y democrático de derecho supone que no podemos dejar a nadie atrás», sostienen, reivindicando ahí a trabajadores, pymes, autónomos y empresarios, y para ello ven «imperativo reducir los gastos del Estado hasta los límites mínimos para aprovechar esa disminución y ayudar así a quienes realmente lo necesitan».

«En un Presupuesto de casi 200.000 millones de euros de gastos es materialmente imposible que no haya partidas en las que recortar», sostienen estos economistas, que ven «inmoral» e «irresponsable» el aumento de la deuda pública. «No es admisible que el Estado sólo pueda mantenerse de la extracción de rentas de empresas y trabajadores», esgrimen.