El juez que instruye el Dieselgate no llama a declarar a los directivos españoles pese a la exclusiva de OKDIARIO

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 06/12/2019 06:55
  • Actualizado: 06/12/2019 06:55

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha declinado citar a los tres directivos de Volkswagen España que, como avanzó en exclusiva OKDIARIO, tenían conocimiento del Dieselgate ocho años antes de que el polémico caso saliera a la luz.

Fuentes jurídicas conocedoras de la situación aseguran a OKDIARIO que el magistrado que instruye el caso sabía, desde el año 2017, que los tres directivos implicados -Francisco Javier García Sanz, quien ha ostentado distintos puestos de dirección en las filiales españolas del Grupo Volkswagen; Matthias Rabe, entonces Vicepresidente Ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Seat, y Alfonso Sancho García, que ocupaba el cargo de Gerente de Dirección de Proyectos de Seat y Vicepresidente Ejecutivo de Compras de Volkswagen- tenían conocimiento de lo que se estaba gestando en el grupo automovilístico español, tal y como demostró este periódico con distintos mails.

El juez español logró estos mails gracias a la colaboración con las autoridades de Estados Unidos, que le enviaron diversos documentos. Pero a su entender, no eran suficientes para encausar a Javier García Sanz, Matthias Rabe y Alfonso Sancho García, tal y como se aprecia en los siguientes documentos.

Colaboración EEUU-España por Volkswagen

El 9 de julio de 2016, la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA, por sus siglas en inglés) recibió la solicitud de asistencia judicial por el Dieselgate. En ella, las autoridades españolas solicitaron a las autoridades estadounidenses que aportaran ciertos documentos relativos a la investigación sobre Volkswagen, entre los que se encuentran los correos electrónicos publicados este miércoles en OKDIARIO.

A fin de aclarar qué documentos serían de ayuda para las autoridades españolas, la OIA facilitó una conferencia telefónica entre los fiscales estadounidenses y españoles el 23 de mayo de 2017. A raíz de dicha conferencia telefónica, EEUU envió la documentación el 3 de agosto de 2017.

Las autoridades españolas solicitaron entonces documentación adicional, por lo que se preparó otra conferencia telefónica entre los fiscales estadounidenses y españoles, junto con los representantes de las Autoridades Centrales de Estados Unidos y España. La segunda conferencia telefónica se celebró el 22 de marzo de 2018.

El fiscal estadounidense abordó un análisis exhaustivo de los archivos disponibles e indicó que, a su leal entender, aparte del material adjunto, «no es probable que ningún elemento más que Estados Unidos haya recabado en relación con este caso sea de utilidad para las autoridades españolas en el ámbito de su investigación». Es decir, que los correos electrónicos eran más que suficientes.