Iberdrola pide que se investigue más a Del Olmo en el caso Villarejo y critica los daños a su reputación
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Iberdrola pide al juez que declare como imputado a Del Olmo por falsedad documental
La defensa de Iberdrola ha presentado un escrito ante el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, en el que atribuye “al devenir” de su investigación los daños causados en su reputación empresarial, un deterioro que ha llevado a la eléctrica a perder un negocio de 8.000 millones de dólares en EEUU. Asimismo, la compañía ha pedido que se adopten las diligencias necesarias para esclarecer si la documentación aportada por José Antonio del Olmo es falsa.
En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la defensa reclama al juez las investigaciones sobre la factura que aportó Del Olmo, exresponsable de control corporativo de la eléctrica, en la que se advertía de posibles pagos a la empresa Cenyt, del excomisario.
La multinacional alega que desde la aceptación de la competencia por parte del juzgado para la investigación de esos hechos, según el Auto de 16 de julio de 2020, ninguna diligencia de investigación se ha practicado en dicho sentido. En ese sentido, en julio de este año la Audiencia Nacional obligó a García Castellón a retomar la querella contra el exdirectivo, inicialmente archivada.
Fracaso de la adquisición de PNM
Asimismo, Iberdrola denuncia que las últimas decisiones judiciales reflejan cómo la presente investigación penal “se impulsa sólo en un sentido, en claro perjuicio de la compañía», que ve, así, “cómo se va resintiendo su reputación”. La propia eléctrica relaciona ese daño reputacional con las dificultades para formalizar la operación de adquisición de PNM Resources.
Este jueves la Comisión de Servicios Públicos de Nuevo México denegó la operación de adquisición como consecuencia de la reputación de la compañía española. En particular, el organismo hizo referencia a la implicación de ciertos directivos de Iberdrola en el caso Villarejo por supuestos pagos de comisiones al comisario retirado. Según la compañía, la operación, valorada en 8.000 millones de dólares, “se ha visto frustrada como consecuencia del devenir de las presentes diligencias previas”.
«Probablemente en este caso se estén traspasando las líneas imaginables, hasta el grado de dar lugar a un funcionamiento de la Administración de Justicia abiertamente anormal, encontrándose plenamente acreditado el daño causado, a los efectos del artículo 296 de la LOPJ, circunstancia fácilmente comprobable con la mera lectura de las noticias publicadas, respecto de la inversión de Iberdrola en Estados Unidos», incluye el escrito.
La defensa de la energética resalta que con la finalidad de evitar esos daños reputacionales Iberdrola “ha actuado, desde el primer momento con una clara voluntad de colaboración con la Justicia, contestando a todos los requerimientos y entregando a iniciativa propia las investigaciones internas realizadas”. Asimismo, recuerda que su Consejo de Administración puso a disposición del juzgado a todos sus consejeros y directivos, con “la única voluntad de facilitar la celeridad de la investigación judicial”.
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