La huída de clientes da la puntilla final a Unipost: presenta un ERE para el 100% de su plantilla

Unipost, en concurso de acreedores desde el pasado mes de julio, ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 2.200 trabajadores, es decir, el 100% de su plantilla en España. La huída de clientes por su relación con el referéndum ilegal del 1 de octubre han sido la puntilla final para una compañía sobre la que asolaba desde hacía meses una muerte anunciada. 

Fuentes sindicales han explicado a Efe que la representación de los trabajadores ha recibido una comunicación del bufete de abogados Jausas, que ejerce como administrador concursal, explicando esta decisión, que abre la puerta a la liquidación de la compañía.

Unipost, propiedad de Antón Raventós y con sede central en Barcelona, se acogió el pasado mes de julio al concurso voluntario de acreedores en un juzgado de la capital catalana con una deuda cercana a los 50 millones de euros y la voluntad de continuar con su actividad. Aunque no es la única deuda que pesa en la compañía postal, la firma naranja debe a la Agencia Tributaria, según fuentes del Ministerio de Hacienda, 5,4 millones de euros. 

Ante este escenario, los representantes de los empleados temían que si la compañía presentaba un ERE fuera el principio del desmantelamiento del negocio. Bien, ahora, según la comunicación del administrador concursal, se abre la puerta a que la compañía ponga punto y final a su actividad.  Finalmente, a tenor de los acontecimientos, la compañía no ha presentado un plan de viabilidad que garantizara la continuidad de los servicios postales y el mantenimiento de los empleo.

Unipost, fundada en 2001 por la integración de la catalana Suresa, la valenciana Flecha y la aragonesa Urbandisa, ha presentado diversos expedientes de regulación en los últimos años para ajustar su plantilla y a principios de 2016 logró un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda. Incluso, la agencia de crédito de la Generalitat, Avança, hizo un préstamo a la compañía para intentar aliviar sus frágiles finanzas.

La colaboración de Unipost con el referéndum ilegal en Cataluña del 1-O ha pasando factura a la postal de Raventós y los clientes estaban comenzando a abandonar la firma de la postal, como ya adelantó OKDIARIO.

El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil se incautó de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum del 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), durante el registro de varias oficinas de Unipost en Cataluña.

El grupo de mensajería alegó entonces que «en ningún caso» conoce el contenido de los escritos y documentos que gestiona para sus clientes, pero el juez consideró que había «claros indicios» de la posible participación de los responsables de Unipost en el delito de malversación de caudales públicos por la organización del 1-O.

En el año 2014, coincidiendo con la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre, Unipost también fue requerida por la Fiscalía para que informara sobre su contrato con la Generalitat para el servicio de buzoneo de la propaganda del proceso participativo.