Hacienda y los funcionarios negociarán la jornada de 35 horas en septiembre

El Ministerio de Hacienda y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, negociarán la jornada de 35 horas para todos los funcionarios públicos en septiembre, tal como ha confirmado el Departamento que dirige Cristóbal Montoro.

En esta reunión ambas partes acordaron la conveniencia de coordinar los procesos de estabilización de empleo interino en el conjunto de las comunidades autónomas, con el fin de evitar situaciones de incertidumbre, en lo que se refiere a su desplazamiento, la continuidad en su puesto, así como que se vea afectada la prestación de los servicios públicos.

Esta coordinación puede suponer la fijación de calendarios de actuación en común para las diferentes categorías, determinación de fechas de examen en un mismo día, la elaboración de temarios de forma coordinada, así como la armonización de los méritos a valorar. Esta circunstancia tiene especial relevancia en sectores como la Sanidad, la Justicia o la Docencia no universitaria.

Esta oferta de empleo público se deriva del acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo entre Gobierno y comunidades autónomas, por el que se prevé la estabilización de unas 250.000 plazas de interinos a lo largo de 2017, 2018 y 2019.

CSIF aprovechó esta reunión para reclamar formalmente al Ministerio de Hacienda la necesidad de levantar el veto a la jornada de 35 horas. La secretaria de Estado, sobre este punto, aseguró que comenzarán las negociaciones en la primera semana de septiembre.

Ayer mismo, el Gobierno de Castilla y León y los sindicatos de esta comunidad también emplazaron al Ejecutivo a permitir esta jornada. CSIF no descarta iniciar medidas de presión en toda España, a partir del mes de septiembre.

Además, CSIF defenderá en la próxima oferta de empleo público la eliminación de la tasa de reposición y la necesidad de hacer un análisis exhaustivo de las plantillas para reforzar aquellos ámbitos que sean necesarios para garantizar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Del mismo modo, CSIF reclama la recuperación del poder adquisitivo previo a 2010.