Guindos elevará las sanciones por violar la ley de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad prepara una reforma de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para incrementar las sanciones a las entidades que cometan infracciones en línea con lo que establece la legislación europea.

Además de elevar las multas, el departamento que dirige Luis de Guindos quiere mejorar los sistemas de recepción de información para que las autoridades puedan perseguir e investigar las denuncias que informen sobre indicios de delitos en esta materia que se produzcan en el sistema bancario español.

En relación al sistema de denuncias, Economía pide a los interesados que realicen propuestas para aprobar los correspondientes criterios técnicos y jurídicos que permitan garantizar la confidencialidad de todos aquellos que deseen informan de la comisión de algún tipo de delito, así como los requisitos mínimos que las denuncias deben contener para ser tomadas en consideración.

El Gobierno sólo ha dado el primer paso de esta reforma, ya que se ha limitado a abrir una consulta pública para modificar la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para que cumpla con lo indicado en la directiva europea 849/2015.

El departamento que dirige Luis de Guindos quiere crear un registro de profesionales que presten servicios a empresas y sociedades sin personalidad, ya que son las que normalmente se utilizan para blanquear dinero y evadir capitales a paraísos fiscales. De esta forma se podrá vigilar de cerca la labor que realizan y, en caso de que se descubra la comisión de un delito, se facilite la identificación y localización de los culpables.

En el documento de consulta pública, el Gobierno plantea una rebaja de 15.000 a 10.000 euros del umbral máximo a partir del cual hay que aplicar medidas antiblanqueo cuando se venden bienes a no residentes a cambio de dinero en efectivo. Es importante destacar que esto no implica la prohibición de pagos en efectivo por encima de los citados 10.000 euros. En el caso de que el dinero sea abonado por ciudadanos residentes en España el límite es de 2.500 euros.

El Gobierno espera concluir el proceso de consulta pública en los próximos meses para después del verano ser aprobado en Consejo de Ministros, para posteriormente ser refrendado en sede parlamentaria.