El Gobierno rescata las autopistas quebradas con la esperanza de evitar un gran impacto fiscal en 2018

El Gobierno ha aprobado el rescate de ocho de las nueve autopistas de peaje que están en quiebra, unas infraestructuras que pasarán a manos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente del Ministerio de Fomento.

El objetivo del Ejecutivo es «garantizar que las autopistas sigan prestando servicio a los usuarios», según ha explicado el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. Lo que se desconoce, por el momento, es el desembolso que deberá realizar el Gobierno y, por lo tanto, su impacto sobre el déficit público.

La decisión se ha adoptado en el Consejo de Ministros celebrado este viernes, quedando pendiente el calendario definitivo que determinará las fechas exactas en las que cada una de las autopistas volverán a manos públicas hasta que vuelvan a privatizarse mediante concursos públicos que se lanzarán «en los próximos meses».

En concreto, el Gobierno ha autorizado la rescisión de siete contratos de concesión. Se trata del correspondiente a las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, y a los de la R-4 Madrid-Ocaña, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-la Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y de la Circunvalación de Alicante.

Por el momento, sólo hay fecha para el rescate de tres de ellas. La R-4 será asumida por el Ministerio el próximo miércoles 21 de febrero y la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante el 1 de abril, en la fecha que el juez dictó para que pasen al Estado.

En cuanto a la novena quebrada que queda fuera de este rescate, la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo aún no ha anulado el contrato de dado que el proceso de concurso de acreedores en que han estado inmersas todas las vías en el caso de esta vía acumula cierto retraso y aún no ha llegado a la fase de liquidación.

Las sociedades concesionarias de las vías con las que el Ejecutivo rescinde el contrato están participadas por grupos como Abertis y Globalvía, así como grandes constructoras como ACS, Ferrovial, OHL y Sacyr, y entidades bancarias.

El Ministerio de Fomento no conoce aún el importe que deberá desembolsar a las empresas concesionarias por la rescisión de los contratos, aunque estima que rondará los 2.000 millones de euros. Así lo ha comunicado el Gobierno español a la Comisión Europea en el plan de estabilidad, aunque el Tribunal de Cuentas indica que la responsabilidad patrimonial de la administración ascenderá a 3.700 millones de euros.

No obstante, la factura en términos netos será menor, ya que Fomento confía en ingresar entre 700 y 1.000 millones de euros con los concursos que convocará para volver a ceder la explotación de estas vías a empresas privadas.

Si el Gobierno logra su objetivo y el rescate de las autopistas quebradas no tiene impacto fiscal sentará las bases para cumplir el objetivo de déficit público del 2,2% del Producto Interior Bruto (PIB) comprometido con la Comisión Europea para 2018.