El Gobierno quiere que las áreas de servicio financien la conservación de las carreteras

Que las estaciones de servicio contribuyan a financiar el mantenimiento y conservación de las carreteras. Es la última propuesta de PSOE y Unidas Podemos, según consta en las enmiendas registradas por las formaciones del Gobierno al proyecto de ley que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones contra la morosidad en el transporte de mercancías por carretera.

La propuesta supone modificar la Ley de Carreteras de 2015 con el fin de que los ingresos de las áreas de servicio queden afectos a la financiación de servicios y obras de conservación y explotación y que, además, puedan generar crédito en virtud a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.

Concretamente, se refiere al uso o explotación de áreas de servicio y otros elementos funcionales de la carretera, como servicios de restauración en áreas de descanso, aparcamientos con servicios de seguridad y control de vehículos, o incluso instalaciones de fibra óptica para posibilitar la circulación de vehículos autónomos.

Todo después de la decisión del Ministerio de Transportes de impulsar un nuevo modelo de conservación, que separa de forma expresa los gastos e ingresos del contrato. Así, se establecen, por un lado, el presupuesto de gastos (costes de conservación y explotación, y pequeñas obras) y, por otro, el presupuesto de ingresos (canon a abonar como contraprestación por el derecho de explotación de las áreas de servicio y otros servicios públicos).

A las licitaciones para la conservación y explotación de carreteras ahora se incorporan dos novedades: la ejecución de actuaciones concretas de pequeñas obras y la explotación de las áreas de servicio en estas carreteras, que ahora supone un gasto para la Administración.

Canon por ingresos

La empresa encargada de ejecutar este contrato tendrá que pagar un canon por los ingresos derivados de la gasolina y de la restauración, un pago que va dirigido al Ministerio de Hacienda, como cualquier concesión.

Para que este dinero llegue a Transportes hace falta un cambio legislativo, que es lo que hace esta modificación de la ley. «Es un cambio justo y positivo, ya que no supone un incremento para los ciudadanos», señalan desde Hacienda.