El Gobierno presume del ingreso mínimo vital mientras miles de afectados no han cobrado todavía el ERTE

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes el ingreso mínimo vital, una medida que tanto los miembros del PSOE como de Podemos celebraron con gran entusiasmo a través de los medios y las redes sociales. Sin embargo, pese a que el Ejecutivo haya logrado sacar adelante esta medida, los ciudadanos no tardaron en recordarles la realidad de miles de personas en España que todavía no han cobrado ni un euro de su Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE).

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos estima que el número de trabajadores que todavía no han cobrado su prestación por encontrarse en un ERTE superaba los 900.000 a mediados de mayo. Y es que, tal y como afirman «muchos llevan desde el mes de marzo sin ingresar ni un solo euro». Así lo reveló una encuesta realizada entre el colectivo de gestores administrativos los pasados 13 y el 14 de mayo, a la que ha respondido el 16% de los mismos.

En los dos últimos meses se han acumulado las críticas de miles de afectados que reclaman que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) no estaba funcionando correctamente, y las líneas de atención a los ciudadanos se encontraban colapsadas. Además, algunos de los afectados que han logrado cobrar una parte de su ERTE han denunciado que las cantidades no se han correspondido con las que tenían que recibir.

15 de junio

El ingreso mínimo vital que ha aprobado este viernes el Gobierno, se podrá solicitar a partir del próximo 15 de junio, aunque, para las solicitudes presentadas en los tres primeros meses, se concederá con efectos retroactivos al 1 de junio. Además, durante el primer mes de vigencia de la prestación, se actuará de oficio para que se abone a unos 100.000 hogares que cumplen los requisitos, sin que sea necesario que la soliciten. La medida tendrá un coste anual aproximado de unos 3.000 millones de euros.

La prestación pretende llegar a 850.000 hogares, un 16% de ellos monoparentales (en un 90% encabezados por una mujer), en los que viven 2,3 millones de personas, un 30% de ellas menores, tal y como explicaron este viernes los ministros responsables de la medida, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

SEPE

El colapso que vive el SEPE es tal que ni siquiera responden las consultas telefónicas. Esta caótica situación -a la que se suman numerosos errores en la tramitación de los ERTE- ha llevado a la subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social a contratar a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec) para realizar tareas de apoyo para tramitar los ERTE por el coronavirus.

Así se recoge en un anuncio de formalización de contratos publicado este domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El contrato asciende a 139.982,60 euros. Tragsatec, como medio propio, realizará tareas de apoyo a la Dirección General de Trabajo en la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor como consecuencia del coronavirus.

Como filial de Tragsa -grupo controlado en un 51% por el holding público SEPI-, Tragsatec es una empresa especializada en la realización de actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en materias como el desarrollo rural, el medio marino o la sanidad y la salud pública, entre otros, realizando tanto estudios y proyectos como servicios técnicos.

Aumento del déficit

Funcas ha calculado que el déficit de España va a llegar al 11,5% del PIB o incluso lo superará este año debido a la crisis del coronavirus y el mayor gasto que va a tomar el Gobierno. Concretamente el ingreso mínimo vital va a afectar a entre tres y cuatro décimas del PIB. De igual manera la fundación de las cajas de ahorros cree que las limitaciones presupuestarias de algunos países condicionan la política de ayudas y podrían dar lugar a una salida «asimétrica» de la crisis en Europa.

Funcas también ha indicado que España tiene un periodo para aplazar impuestos de pymes y autónomos en España de los más largos de Europa pero también va a movilizar menos recursos en términos de PIB por los umbrales en cuanto a facturación y cantidades aplazadas.