El Gobierno se pliega ante las advertencias de Bruselas: fijará un déficit del 3% del PIB para 2024

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que el Gobierno enviará a Bruselas en las próximas horas el Programa de Estabilidad, que contemplará un déficit del 3% del PIB en 2024, un año antes de lo estimado inicialmente. Estas declaraciones se producen después de conocerse que Bruselas exigirá a los países más endeudados, como España, reducciones constantes de sus ratios de déficit y deuda públicos y prevé multas cada seis meses y acumulables para aquellos que incumplan la senda de ajuste pactada.

Montero ha destacado que, de esta forma, el próximo año se va a cumplir ya con el Pacto de Estabilidad, al registrar un déficit máximo del 3% del PIB, gracias a la «buena» evolución de la economía y la creación de empleo, que está permitiendo aprovechar la mejora de los ingresos para el proceso de consolidación fiscal.

Además, indicó que se va a hacer antes de que se activen las nuevas reglas fiscales que se están discutiendo y que será un «debate importante» en la Presidencia española de la UE en el próximo semestre. «Lo bonito y lo bueno es que para el 2024 se hace (establecer el déficit en el 3% del PIB) justamente sin practicar políticas de recorte, ayudando a todos los sectores que están en peor situación y protegiendo a la mayoría social del país», ha destacado.

Bruselas

La propuesta para reformar las normas de disciplina fiscal presentada este miércoles por el Ejecutivo comunitario dará, no obstante, más flexibilidad a los Estados miembros para diseñar su ritmo de recorte de la deuda pública ya que cada Gobierno acordará con la Comisión un plan fiscal a cuatro años, ampliables a siete bajo ciertas condiciones.

En casos de incumplimiento de la senda fiscal pactada con las autoridades comunitarias, la Comisión Europea abriría un expediente por déficit excesivo que le permitiría, en última instancia, imponer multas equivalentes al 0,05% del PIB del Estado miembro cada seis meses. Esta sanción iría creciendo cada semestre hasta un máximo del 0,5% del PIB salvo que el resto de socios comunitarios certifiquen que el país incumplidor “ha adoptado acciones efectivas” para embridar su déficit y su deuda.

Además, serán los Gobiernos de cada Estado miembro los que deban presentar sus propios planes de ajuste fiscal a medio plazo en base a una reducción de la senda de gasto «plausible» que permita mantener la deuda en niveles «prudentes» a lo largo de un periodo de cuatro años que podrá ampliarse hasta un máximo de siete si se apoya en reformas e inversiones específicas.