El Gobierno permitirá subir los alquileres desde el 1 de julio pero mantiene la prohibición de los desahucios

El Gobierno ha decidido no prorrogar el tope al precio de los alquileres que incluía el decreto de medidas anticrisis. De este modo, los caseros podrán subir el alquiler a los contratos que se renueven a partir del 1 de julio, una medida a la que se oponía Podemos pero que ha decidido autorizar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo que sí ha conseguido el socio de coalición es mantener la prohibición de los desahucios.

En concreto, lo que decae es la prórroga extraordinaria de seis meses que tenían los inquilinos a los que finalizara el contrato, período en el que el propietario de la vivienda no podía subir el importe del alquiler. No obstante, tampoco permite una barra libre para los arrendadores: así, los contratos cuya revisión esté ligada al IPC sólo podrán subir en un 2%.

El ejecutivo justifica el fin de esta prórroga porque ya no se puede justificar por razones de «extrema necesidad», ya que es una medida que se viene arrastrando desde la pandemia del covid. Podemos se ha opuesto radicalmente a esta decisión y algunas fuentes cercanas al partido de Ione Belarra aseguran que miles de inquilinos quedarán desprotegidos a partir de este viernes.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha explicado tras el Consejo de Ministros que «hay que ser conscientes de que ya ha entrado en vigor la Ley de Vivienda, que impone topes máximos del 2% este año y del 3% el próximo, y prevé que las personas vulnerables pueden extender esta protección un año».

IVA de los alimentos

Por el contrario, ha justificado la ampliación de la prohibición de desahucios porque «los Gobiernos autonómicos no han tenido tiempo poner en marcha la mediación y la búsqueda de alternativas habitacionales» como establece la nueva Ley.

El Gobierno sí ha decidido prorrogar otros seis meses el grueso de las medidas llamadas anticrisis, en especial la rebaja del IVA de ciertos alimentos y la bonificación al transporte público. Calviño asegura que son compatibles con los objetivos de déficit y deuda pactado con Bruselas. Según la vicepresidenta, se trata de establecer una «senda para que vayan desapareciendo gradualmente medidas como bonificaciones al carburante ante el contexto de incertidumbre reforzada de la guerra de Ucrania».