El Gobierno impone otro gasto a las empresas: les obligará a pagar transporte ‘verde’ a sus empleados

Más costes para las empresas a cuenta del transporte. El Gobierno vuelve a dar una nueva vuelta de tuerca a las compañías, y en particular a las grandes, aumentando adicionalmente sus gastos «en favor de una movilidad sostenible para sus empleados», según ha justificado el ministro de Transportes, Óscar Puente. El pretexto de lo que ha definido como nuevo pilar del Estado de Bienestar ha sido la aprobación por el Consejo de Ministros de la Ley de Movilidad Sostenible. La norma, que decayó en la pasada legislatura tras la convocatoria de elecciones anticipadas, y que suscitó un gran rechazo entre el mundo empresarial, ha sido recuperada con brío, con el argumento de que era una obligación de la Unión Europea.

Dicha norma, que se tramitará por el procedimiento de urgencia, obligará a los grandes centros de actividad -hospitales, centros comerciales, pabellones deportivos y otros lugares con actividad económica y una gran concentración de personas- a facilitar transporte gratuito y ‘verde’, es decir, sostenible, a sus trabajadores. Esta obligación se extenderá igualmente a las empresas con más de 500 empleados o de 250 por turno. La nueva legislación impondrá a las sociedades todas las facilidades posibles para el traslado diario de  sus trabajadores, o a buscar fórmulas para la movilidad eléctrica o compartida, así como a, finalmente, promover el teletrabajo.

El ministro Puente aprovechó su comparecencia en la rueda de prensa del Consejo de Ministros para lucir los aparentes motivos sociales que justifican la norma, que «reducirá el actual gasto en transporte que soportan los hogares -el 13%, dijo-, y que, en consecuencia, «ampliará los derechos de la gente mejorando su vida diaria», al tiempo que contribuirá de manera decisiva a los objetivos de descarbonización y la consiguiente lucha contra la contaminación.

La opinión de las compañías no es la misma, sin embargo. Ya cuando se redactó la ley el año pasado, los representantes empresariales mostraron su estupor por la nueva carga de profundidad en los costes que tendrán que soportar una vez que la norma entre en vigor, un gasto que se acumula a las subidas de impuestos que han tenido que ir padeciendo así como al aumento de las cotizaciones sociales.

Por otra parte, el Consejo de Ministros de este martes también ha aprobado la línea de avales de 2.500 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para acceder a la entrada de la compra de la primera vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo. «Es un convenio con el ICO que vamos a cerrar tras este acuerdo al que tendrán que adherirse después las entidades financieras con las que ya hemos mantenido conversaciones», ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

La ministra ha detallado que se trata de una línea de avales dirigida principalmente a jóvenes de no más de 35 años y familias con menores a su cargo y con ingresos que sean de 4,5 veces el IPREM, es decir, con rentas de hasta de 37.800 euros, que se modificará en caso de que sea una pareja o tengan menores a cargo. Para acceder a ella, la titular de Vivienda ha indicado que se deberá ser una persona física mayor de 18 años y tener residencia legal en España de manera acreditada e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. Además, no se podrá tener un patrimonio superior a los 100.000 euros.

De esta manera, el Gobierno avalará el 20% de la entrada inicial de una vivienda siempre y cuando el solicitante cumpla todos los requisitos. Rodríguez estima que se llegará al menos a unas 50.000 familias y jóvenes.»El objetivo último que tiene el Ministerio es que para acceder a una vivienda digna ningún español tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos», ha recalcado.

El propósito del Ejecutivo es intervenir en lo que llama zonas -ciudades o poblaciones- con lo que denomina un mercado tensionado, en los que el pago de la renta es en ocasiones superior a lo que supondría el coste de una hipoteca para la adquisición de una vivienda -para el caso de aquellas personas que tienen un empleo digno y un salario razonable, pero carecen de patrimonio para hacer frente al desembolso inicial de una hipoteca.

«Para estas personas jóvenes y familias con hijos a cargo, empleo y recursos dignos, el Estado será su avalista», explicó Rodríguez. «Hay que acabar de una vez por todas con la actual situación, en el que muchas personas dedican el 40% de su salario al alquiler», indicó.