El Gobierno dispara un 35% el gasto del día a día de los ministerios pese a estar en funciones
La burocracia sigue creciendo en los ministerios a pesar de los síntomas de desaceleración que empiezan a vislumbrarse en la economía española, que cada vez son más evidentes, y de que la deuda pública sigue disparada.
Aunque el Gobierno no logró aprobar sus Presupuestos Generales del Estado para 2019 -siguen en vigor los de Cristóbal Montoro- la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha conseguido que sus compañeros del Consejo de Ministros controlen el gasto, a pesar de que están en funciones desde que se celebraron las elecciones.
El gasto en funcionamiento de los departamentos del Ejecutivo central se ha disparado un 35% en lo que va de año, y ya asciende a 1.730 millones de euros, frente a los 1.281,5 millones que se gastaron hasta junio de 2018, según los datos de «pagos acumulados» por artículos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Los pagos destinados a hacer frente a los arrendamientos y cánones han engordado un 15%; el dinero destinado a material y suministros, un 44,2%, y las indemnizaciones por razón del servicio un 8,2%.
En cambio se ha reducido el dinero para «reparaciones, mantenimiento y conservación» un 6,4%, a pesar de que justo en las economías familiares es una de las partidas que sí se incrementan cuando se vislumbra una crisis para evitar comprar cosas nuevas y ‘ahorrar’.
El Gobierno explica que el incremento de los pagos acumulados hasta junio en «gastos corrientes en bienes y servicios» se debe principalmente al aumento de los pagos al Ministerio del Interior (374,9 millones de euros) y el Ministerio de Defensa (38,2 millones).
En las elecciones generales del 28 de abril y en las elecciones locales y europeas del 26 de mayo se desembolsaron 311,6 millones de euros, según los datos del Ministerio de Hacienda. El Gobierno también ha aumentado los pagos para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Pero no son los únicos apartados de las cuentas públicas que suben de forma llamativa. Por ejemplo, las transferencias corrientes (el dinero que el Estado les aporta) a entidades públicas empresariales, fundaciones y el resto de entidades del sector público se ha disparado un 116%, hasta los 1.263 millones, en el primer semestre de 2019.
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