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El Gobierno confirma el aviso a todos los dueños de perros en España: hasta 10.000 euros

Las novedades en torno a la Ley de Bienestar Animal vuelven a colocar en el punto de mira a los dueños de perros en toda España. Tras un largo paréntesis desde su aprobación en 2023, sin aplicación práctica por falta de reglamento, el Gobierno ha retomado la agenda regulatoria. Y lo ha hecho con un mensaje claro: llega el momento de cumplir, y quien no lo haga se arriesga a sanciones de hasta 10.000 euros. El proyecto de real decreto que desarrolla esta ley ya está en fase de audiencia pública, y trae consigo medidas que impactan de lleno en millones de familias con animales de compañía.

Uno de los puntos más relevantes (y que a la vez es más controvertido) tiene que ver con la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para perros, una cobertura que hasta ahora era recomendada pero no exigida, salvo en casos muy concretos. Este seguro busca garantizar la protección a terceros en caso de daños ocasionados por el animal, pero ahora se amplía su alcance, sus condiciones y su obligatoriedad. Lo que antes era una opción, ahora será un deber legal para los dueños de perros, con consecuencias económicas si se incumple.

Junto a esta medida, el Ejecutivo detalla también la implantación del curso obligatorio para propietarios, que deberá realizarse antes de adoptar o adquirir una mascota. Será gratuito, online y con una duración mínima de cuatro horas, incluyendo un test final. Un paso más en la hoja de ruta del Gobierno para garantizar una tenencia responsable, que también afecta a criadores, cuidadores y centros de adiestramiento.

El Gobierno confirma el aviso a todos los dueños de perros en España

El seguro de responsabilidad civil para perros se convierte, con esta nueva normativa, en uno de los pilares fundamentales de la Ley de Bienestar Animal. Este seguro tendrá que contratarse en un plazo máximo de 48 horas desde el momento en que el perro quede inscrito en el registro oficial. Su objetivo es claro: cubrir los daños que el animal pueda ocasionar a terceros, no sólo bajo la custodia de su dueño, sino también cuando está al cargo de otras personas, como paseadores, cuidadores o familiares.

En cifras, la cobertura mínima exigida será de 100.000 euros, salvo en el caso de perros considerados potencialmente peligrosos, donde el umbral se eleva a los 150.000 euros. Este incremento pretende ajustar la cobertura al mayor riesgo potencial asociado a ciertas razas. El Gobierno también aclara que no será necesario contratar un seguro adicional para actividades profesionales como la cría o el adiestramiento, siempre que el seguro contratado cubra esas actividades expresamente.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, se permitirá que los seguros de hogar que incluyan una garantía de responsabilidad civil hacia terceros sean válidos siempre que respeten las condiciones estipuladas por el nuevo decreto. Esto abre la puerta a que muchos hogares ya estén parcialmente cubiertos sin saberlo, aunque será necesario revisar con detalle la letra pequeña de las pólizas.

Multas de hasta 10.000 euros por no cumplir con la nueva ley

El aviso no es menor: el incumplimiento de estas obligaciones por parte de los dueños de perros podrá acarrear sanciones económicas que, en los casos más graves, alcanzarán los 10.000 euros. Esto convierte a la normativa en una de las más exigentes en Europa en materia de tenencia responsable de mascotas. Las multas podrán imponerse no sólo por la falta de seguro, sino también por no haber realizado el curso obligatorio, no registrar correctamente al animal o por ocultar información clave, como episodios de agresividad o vacunaciones.

El Gobierno quiere dejar claro que la ley no se queda en una declaración de buenas intenciones. La idea es consolidar una cultura de responsabilidad que tenga consecuencias reales si no se cumplen las normas. El endurecimiento de las sanciones forma parte de una estrategia para combatir el abandono animal, reducir incidentes de ataques y reforzar la seguridad en los espacios públicos.

Un curso gratuito para poder tener perro en casa

Otro de los puntos destacados del nuevo reglamento es la implantación de un curso gratuito para ser propietario de perros, una medida que ya se anunció en 2023 pero que no llegó a implementarse por falta de desarrollo reglamentario. Esta formación, que podrá realizarse online, tendrá una duración mínima de cuatro horas y estará centrada en contenidos básicos sobre comportamiento animal, cuidados, normativa vigente y derechos del animal.

Al final del curso se deberá superar un test tipo examen, que será obligatorio para todas las personas que quieran adoptar o adquirir un perro por primera vez. Las personas que ya tengan un perro a su cargo estarán también obligadas a realizar la formación si no lo han hecho previamente, aunque aún está por definirse si se establecerá un plazo concreto para regularizar esta situación.

La decisión de hacer el curso gratuito responde a una demanda social para evitar que se convierta en una barrera económica. El Gobierno ha informado que se habilitará una plataforma digital oficial para impartir esta formación, con acceso universal y validación directa. La superación del test será necesaria para que se valide la inscripción del perro en el registro oficial de animales de compañía.

El registro de mascotas: qué datos serán obligatorios

La nueva norma también concreta cómo deberá ser el registro obligatorio de animales de compañía, otra de las piezas clave de la Ley de Bienestar Animal. Entre los datos que se deberán incluir figuran el código de identificación del microchip, el pasaporte del animal, la especie, raza, fecha de nacimiento, historial veterinario (incluyendo vacunas y desparasitaciones) y, en caso de existir, cualquier antecedente relacionado con episodios de agresividad.

Además, será necesario especificar quién es el veterinario colegiado responsable, lo que refuerza el seguimiento sanitario del animal. Todos estos datos deberán actualizarse en caso de traslado, fallecimiento o cambios de titularidad del perro, lo que implica una mayor trazabilidad y control sobre el estado y la ubicación de las mascotas.

Este registro tiene como objetivo principal luchar contra el abandono animal y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes o desapariciones. En caso de pérdida, será más fácil identificar al propietario y devolver el animal a su entorno familiar, reduciendo los tiempos de espera y aumentando las tasas de recuperación.

¿Cuándo entrará en vigor? Aún sin fecha concreta

A pesar de que el real decreto ya está en fase de audiencia pública, su entrada en vigor aún no tiene una fecha definida. El proceso se mantendrá abierto hasta el próximo 16 de julio, y a partir de ahí, dependerá de las aportaciones recibidas, de las correcciones técnicas y del informe del Consejo de Estado. Una vez superados esos pasos, deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y, finalmente, publicado en el Boletín Oficial del Estado.

La norma no será inmediata: una vez publicada, se contempla un plazo de seis meses hasta su entrada en vigor efectiva, para dar tiempo a los dueños de perros y a las aseguradoras a adaptarse a los nuevos requisitos. Por tanto, en el mejor de los casos, la aplicación práctica de estas medidas no llegaría hasta 2026, aunque el mensaje del Gobierno ya está lanzado: mejor prevenir que enfrentarse a multas elevadas.