El Gobierno concede a Red Eléctrica la autorización para la interconexión eléctrica de España y Francia

La Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha concedido a Red Eléctrica la autorización administrativa previa para el comienzo del proyecto para la interconexión eléctrica entre España y Francia a través del golfo de Vizcaya. La zona se compone de cuatro instalaciones.

Se trata de la línea subterránea/submarina en corriente continua a 400 kilovoltios (kV) Gatika-Frontera Francesa, la estación conversora de Gatika y la línea de alimentación subterránea en corriente alterna de doble circuito a 400 kV, la modificación de la línea aérea de transporte en corriente alterna a 400 kV Gatika-Azpeitia, y la ampliación de la subestación Gatika 400 kV.

Según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), las autorizaciones se conceden sin perjuicio de las concesiones y los permisos que sean necesarios relativos a la ordenación del territorio y al medioambiente, y a cualesquiera que resulten aplicables, incluidos los relacionados con la ejecución de la obra.

La nueva interconexión consiste en un doble enlace de alta tensión 400 kV en corriente continua con dos sistemas independientes y una potencia de 2 × 1000 megavatios (MW), que conectará las futuras estaciones conversoras de Gatika (Vizcaya) y Cubnezais, al norte de la localidad francesa de Burdeos.

Tal como recuerda el BOE, el conjunto de actuaciones planteadas permitirá la creación de una interconexión eléctrica por el golfo de Vizcaya, entre la red española y la francesa.

Esta infraestructura responde a la necesidad de aumentar la capacidad de intercambio de electricidad entre ambos países, contribuyendo a reducir la diferencia de precios entre éstos y facilitando la integración de la energía procedente de fuentes renovables existente y futura.

Asimismo, busca reducir el aislamiento eléctrico de la península ibérica y mejorar su nivel de interconexión de cara al cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea y de los acuerdos intergubernamentales suscritos en la Declaración de Madrid. El proyecto, por su carácter estratégico, fue declarado de interés común (PIC) por la Comisión y el Parlamento Europeo en 2013.