El Gobierno busca la fórmula legal para hacerse con el control de la Sareb
El Gobierno ha decidido tomar el control de la Sareb, la sociedad creada a finales de 2012 para dar salida a los activos inmobiliarios de la banca rescatada, pero antes tiene que buscar la fórmula legal para conseguirlo y hacerse con más de la mitad del capital de la compañía que no está en manos del Estado.
A finales de marzo la oficina estadística Eurostat decidió incorporar la Sareb, el «banco malo», dentro del perímetro de las cuentas del Estado, lo que obligó a sumar 35.000 millones de deuda pública en 2020 y más de 10.000 millones de déficit.
A partir de ahí, según fuentes del Ejecutivo, el Gobierno empezó a barajar la idea de que, si el riesgo de la compañía lo asumía íntegramente el Estado, tenía más sentido que la Sareb dejara de tener accionistas privados -entre los que se encuentran el Santander, CaixaBank y el Sabadell- y pasara a ser una sociedad pública al 100 %.
Desde su creación, la Sareb quedó inicialmente fuera de las cuentas públicas porque la participación del Estado era inferior a la mitad (45,9 %), pero, a ojos de Europa, como la sociedad ha ido acumulando pérdidas desde su creación y su deuda está avalada por el Estado, España debe contabilizarla dentro de sus cuentas públicas.
Además de la deuda de la Sareb, también se incorporó al ámbito público la cartera de la sociedad, lo que permitirá reducir el volumen de deuda a medida que se vendan sus activos inmobiliarios, ya sean préstamos o inmuebles.
Por otro lado, el patrimonio neto negativo de la Sareb a cierre de 2020, unido a las pérdidas de ese ejercicio, hicieron que el Estado sumara unos 10.000 millones de déficit público bajo la rúbrica de ayudas financieras.
El cambio en la consideración de la compañía que preside Jaime Echegoyen es lo que ha hecho al Gobierno plantearse la idea de tomar el control del 100 % de la Sareb y dejar en el aire la posibilidad de ampliar su vida, inicialmente limitada a 2027, explican las mismas fuentes del Ejecutivo.
Aunque la sociedad pase a ser únicamente del Estado, la intención es que la Sareb siga manteniendo el mandato con el que se creó y continúe dando salida a los activos inmobiliarios que posee, al margen de los compromisos alcanzados para ceder viviendas sociales.
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