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Economía
Deuda de las CCAA

El Gobierno autoriza a Cataluña la mayor operación de deuda en 2018: negociará 4.113 millones fuera del FLA

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy que Cataluña formalice nuevas operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 4.113 millones de euros. Se trata de la operación más importante por cuantía de las aprobadas en 2018. La decisión se enmarca en la dinámica del Ejecutivo de abrir la mano con las comunidades autónomas, según ha adelantado este viernes OKDIARIO.

Con esta nueva autorización, el volumen de operaciones que han recibido el visto bueno de Hacienda este año supera los 12.353 millones de euros. De esa cantidad, más del 50% ha sido autorizada en el poco más de un mes que el PSOE lleva en el poder.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que «servirá» para refinanciar los vencimientos de las líneas de crédito que vencen en julio y agosto.

Según los datos recopilados por este periódico, Cataluña es la comunidad autónoma que más autorizaciones de este tipo ha recibido en 2018 no sólo para la Generalitat, también para otros organismos públicos.

Cataluña no puede emitir deuda nueva en los mercados, pero sí mantiene operaciones de crédito abiertas con entidades para movimientos de tesorería fuera del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

De los más de 77.700 millones de euros que adeuda la Generalitat, 54.400 millones se los debe al Estado. El resto se reparte entre créditos a los bancos españoles (unos 7.582 millones), entidades extranjeras (cerca de 5.860 millones) y bonos que emitió en el pasado -cuando conservaba autonomía financiera- y todavía están circulando en el mercado con un capital que ronda los 5.500 millones de euros.

Además de la operación de Cataluña, el Consejo de Ministros ha aprobado otras ejecuciones para otras comunidades autónomas. A Baleares se le ha autorizado a formalizar préstamos a largo plazo por un importe máximo de 150 millones y a Aragón, avales por un importe máximo de 225.000 euros.

Montero ha recordado que estas autorizaciones por el Consejo de Ministros son necesarias por la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.