El Gobierno aprobará este martes su renta mínima con la que quiere llegar a 2,3 millones de personas

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este mismo martes el ingreso mínimo vital que podrá llegar hasta los 1.100 euros mensuales -el mínimo, 461- y que según sus cálculos quiere llegar a 850.000 familias que agrupan a 2,3 millones de personas. El vicepresidente Pablo Iglesias ha empujado para la aprobación exprés de la medida, que costará unos 3.000 millones de euros, a pesar de que el Estado está todavía empantanado en otras cuitas como el pago completo de los ERTE, que no se ha producido, y que no se sabe exactamente cómo se va a financiar esta renta mínima vital.

La renta, además, no estará condicionada a la búsqueda de empleo, lo que genera muchas dudas por la posibilidad de que se reparta de forma arbitraria o desincentive la búsqueda empleo.

La nueva prestación será aprobada vía decreto ley aunque podría ser tramitada como proyecto de ley, comenzará a cobrarse en junio, correrá a cargo de la Seguridad Social y tendrá un coste de 3.000 millones de euros anuales.

Avalado por Escrivá

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado fin de semana que esta prestación es similar a las que existen en otros países europeos y que servirá para amparar a 4 de cada 5 personas que en España sufren pobreza severa.

El ingreso se cobrará mensualmente y será el mínimo común en todo el país pues podrá ser mejorado con otras rentas

En total, podrán beneficiarse de este ingreso mínimo cerca de 850.000 hogares, que agrupan a 2,3 millones de personas, la mitad de ellos con niños y cuyos ingresos por unidad de consumo sea inferior a los 230 euros al mes, tal y como ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Este ingreso, que se cobrará mensualmente, será el mínimo común en todo el país, ya que podrá ser mejorado con otras rentas autonómicas y dependerán de la composición del hogar, con especial atención a aquellos con niños y monoparentales.

Escrivá también ha adelantado que comenzará abonándose a unos 100.000 hogares a los que se les concederá de oficio. El resto de potenciales beneficiarios deberán solicitarla por los diferentes canales que se habilitarán, en principio la Seguridad Social, pero también ayuntamientos, tercer sector o comunidades autónomas.

Se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, menos la deuda y excluida la vivienda habitual, aunque sí tendrá en cuenta valor del piso y de si tiene deudas o no.

Respecto a la renta que no se podrá superar para acceder a la prestación, el ministro ya ha detallado que «para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas».

También ha avanzado que será compatible durante un tiempo con un salario para que no desincentive la búsqueda de empleo.

La aprobación de esta medida, incluida en el acuerdo programático de Gobierno entre PSOE y Podemos, ha generado ciertas tensiones con la vicepresidencia que dirige Pablo Iglesias, que abogaba, ante la pandemia del COVID, por un ingreso mínimo vital transitorio antes de aprobarse este definitivo.

Finalmente, han prevalecido los plazos y los planteamientos del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que ha defendido el carácter permanente de la medida y su aprobación en la segunda quincena de mayo.