El Gobierno de Andalucía acaba con el caos jurídico de las viviendas irregulares que afecta a 300.000 familias

 Más de 300.000 familias de Andalucía viven en edificaciones irregulares, un caos jurídico y urbanístico que lleva vigente en la región alrededor de tres décadas. Una problemática que, además, conlleva acceso nulo de estas familias a suministros básicos como el agua, la luz o el saneamiento.

Un problema que se ha cronificado en la región andaluza y que, desde el primer momento, ha sido una de las preocupaciones del Ejecutivo de Juanma Moreno debido, sobre todo, a la complejidad administrativa que encierra esta problemática heredada de los anteriores gobiernos autonómicos.

Para atajar estas irregularidades, el Gobierno se Andalucía ha aprobado un decreto ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares que pone el acento en la protección ambiental y la simplificación de los procesos. Con esta nueva normativa, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación podrá mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares.

Tras la aprobación en el Parlamento regional, gracias a los votos a favor de PP, C’s, PSOE y VOX, Marifrán Carazo, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, expresó su satisfacción porque “abre un camino de esperanza para miles de familias que tienen viviendas en las que no pueden acceder a servicios como la luz y el agua”.

«El principio del fin de la indisciplina»

Eso sí, desde la Junta de Andalucía avisan de que esta nueva norma no será “ninguna amnistía, ni va a generar un efecto llamada”, sino que tratará de integrar y normalizar el territorio andaluz y, además, controlar a través de sanciones e inspecciones cualquier tipo de actividad urbanística ilegal que fomente la indisciplina en esta materia. En definitiva, explican, no se van a normalizar todas las viviendas irregulares.

“Este es el principio del fin de la indisciplina. Venimos a dar salida a una situación insostenible, con unas irregularidades consentidas por Gobiernos que habían bajado los brazos en una materia que era de su competencia», destacaba Carazo.

Este decreto, que dará respuesta a todas las familias afectadas, era más que necesario, sobre todo por cuestiones de salubridad y seguridad. La creciente contaminación de los acuíferos, así como la seguridad y los enganches ilegales de energía ponen en jaque la seguridad de las decenas de familias andaluzas que viven en estas agrupaciones urbanísticas, así como el impacto territorial, ambiental y paisajístico que provocan.

Una norma más sencilla y ágil

La normativa –que derogará a ley 6/2016 de 1 de agosto y la Ley 2/2018 del 1 de agosto y el decreto 2/2012 de 10 de enero– plantea la ampliación de la declaración del asimilado fuera de ordenación (AFO), un aspecto que permitirá a los propietarios acceder a servicios básicos y les brindará, además, la posibilidad de hacer obras de conservación y mantenimiento.

Destaca de esta normativa, agilizará los trámites para su inclusión en el planeamiento porque serán los propios ayuntamientos quienes tendrán que impulsar este decreto para que las viviendas que cumplan con los requisitos pertinentes puedan regularizar su situación y tengan servicios como equipamientos públicos o zonas verdes.

La agilidad vendrá de la mano de una normativa más sencilla que permitirá, entre otros aspectos, aprobar Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) en un plazo de entre 12 y 18 meses cuando, hasta ahora, había que esperar alrededor de nuevo años de media, sin incluir los veinte meses que requería un plan especial.