Los Gestores Administrativos destacan que la Justicia y la ética deben liderar la regeneración democrática

Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo han coincidido en señalar que la regeneración democrática requiere fortalecer la separación de poderes, combatir la corrupción sistémica y recuperar la confianza ciudadana mediante la transparencia y el compromiso ético. Los expertos han alertado de que la crisis institucional no se resuelve con más leyes, sino con ejemplaridad y diálogo.

En una jornada organizada por el Consejo General de Gestores Administrativos y el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, celebrada este martes, varios destacados juristas han analizado los desafíos que enfrenta el sistema democrático español. El encuentro reunió a multitud de figuras destacadas del mundo del Derecho, desde magistrados a gestores pasando por registradores, abogados y representantes del ámbito universitario.

Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo de Gestores, abrió el debate subrayando que «la confianza es el mayor capital que un ser humano puede dejar en herencia». Santiago Ollero advirtió de que la sociedad vive un momento crítico donde «la inmediatez gobierna más que nunca y la emoción empieza a sustituir al pensamiento».

El presidente de los gestores denunció que «se desconfía de los gobiernos, se desconfía de los medios, se está desconfiando de las instituciones, se desconfía de las empresas». Según datos de la OCDE que mencionó, apenas cuatro de cada diez ciudadanos confían en sus gobiernos.

Lucha contra la corrupción

Juan Carlos Campo Moreno, magistrado del Tribunal Constitucional, realizó un exhaustivo análisis sobre la corrupción como amenaza a la convivencia democrática. Campo definió la corrupción desde su etimología latina: «corruptio, corruptionis, del prefijo de intensidad con y rumpere, romper, hacer en pedazos. Porque si esto es exactamente la corrupción, la corrupción rompe en pedazos nuestro modelo de convivencia».

El magistrado explicó que la crisis institucional alcanza niveles desconocidos, con «responsables políticos y altos funcionarios en los que se detectan auténticas actuaciones criminales en connivencia con la peor calaña de un capitalismo caníbal». Esta vituperable situación, según Campo, requiere medidas profundas que vayan más allá de reformas legislativas superficiales.

Campo Moreno propuso tres áreas de trabajo fundamentales: La concienciación sobre el problema. El diagnóstico de los sistemas corruptos. Y la acción coordinada para desmantelar estas estructuras.

El magistrado defendió que «tenemos que proponer, cada uno en su ámbito, la creación de un instrumento que tenga por objeto analizar, acordar y proponer las medidas y modificaciones legislativas necesarias» para fortalecer las instituciones democráticas.

Control judicial

Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y ex fiscal general del Estado, centró su intervención en el control judicial del Derecho penal como pilar democrático. Sánchez Melgar afirmó que «sin un órgano judicial que garantice el cumplimiento de la ley no puede haber democracia».

El magistrado reivindicó el principio de competencias como elemento regenerador. «El Supremo es el órgano supremo intérprete de la legislación ordinaria. El Tribunal Constitucional es el garante de la Constitución», señaló, añadiendo que deslindar competencias es fundamental para evitar desencuentros institucionales. Sánchez Melgar defendió mantener la acusación popular regulada en el artículo 125 de la Constitución.

El ex fiscal general abogó por que la Fiscalía lidere la instrucción penal, siempre que se garantice su independencia. También alertó sobre la necesidad de proteger la presunción de inocencia y evitar que la prisión preventiva anticipe lo que debe resolverse en juicio oral.

Transparencia institucional

Los ponentes coincidieron en señalar la transparencia como elemento vertebrador de la regeneración. Campo explicó que «la transparencia política» debe entenderse como «la obligación de los gobiernos de dar cuenta a los ciudadanos de todos sus actos, especialmente del uso del dinero público y prevenir así los casos de corrupción».

El magistrado constitucional citó al filósofo coreano Byung-Chul Han. Según éste, las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad. La transparencia debe convertirse en piedra angular de un modelo más cohesionado y ético.

Sin embargo, Campo advirtió de que «el control del poder es absolutamente necesario, pero la transparencia y el poder se soportan bastante mal». Por encima está la confianza, subrayó, que permite actuar basándose en valores como la honradez, la lealtad y el mérito.

Compromiso ciudadano

Fernando Santiago Ollero insistió en que la regeneración no puede imponerse desde arriba. «La regeneración no va a venir de una élite, no va a venir de una ley milagrosa que el gobierno de turno nos ponga, va a venir de millones de gestos que hagamos las personas», afirmó.

El presidente del Consejo de Gestores propuso situar la ética en el centro de todos los ámbitos. Política. Economía. Derecho. Educación. «Tenemos que recuperar el respeto por la palabra, que se empiece a recuperar la dignidad del trabajo, la grandeza de poder presumir cuando uno tenía el deber cumplido», declaró.

Ollero también criticó que las sociedades actuales confundan información con sabiduría y comunicación con entendimiento. «Nunca en la historia del universo hemos tenido tanto conocimiento y sin embargo, nunca hemos sentido tanta incertidumbre», lamentó.

Los ponentes destacaron el papel de las profesiones jurídicas en este proceso. Los gestores administrativos, según Ollero, sostienen un pacto silencioso cada vez que un ciudadano confía sus documentos. Este acto de confianza profesional contribuye a mantener unida la convivencia social.

Campo recordó que desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados asumieron responsabilidad en el desarrollo económico mediante los regímenes del bienestar. Se reconocieron y ampliaron los derechos de los ciudadanos. Estos dejaron de ser moneda de cambio en la búsqueda de competitividad internacional. El magistrado también citó tratados internacionales contra la corrupción.

La conclusión compartida fue contundente. Como señaló Santiago Ollero: «Si las sociedades recuperan la confianza, hacen que todo sea posible, hacen que los proyectos empiecen a florecer rápidamente y que las empresas inviertan». La regeneración democrática, coincidieron los expertos, no es una tarea política sino humana, que comienza en lo cotidiano y se construye con coherencia, verdad y diálogo. Porque, como advirtió Campo, las civilizaciones no colapsan por falta de recursos, sino por ausencia de virtud.