Gas Natural no se quedará con Electricaribe si no se modifica el marco regulatorio

Gas Natural Fenosa no está dispuesta a quedarse de nuevo con Electricaribe, compañía expropiada por el Gobierno de Colombia en noviembre de 2016, si no hay un marco regulatorio estable y modificado que acabe con los impagos y la inseguridad jurídica, según confirman fuentes del sector. En el último mes, según ha podido saber OKDIARIO, ha habido varias conversaciones entre el Ejecutivo de Juan Manuel Santos y la cotizada española, sin embargo, y tenor de los hechos, Colombia no está dispuesta a poner fin al fraude que asola las cuentas de la filial eléctrica.

Las cifras, que son tozudas, han puesto al Gobierno de Colombia entre la espada y la pared. Tras más de un año en manos del Ejecutivo colombiano, en Electricaribe se ha incrementado el fraude un 35%, ha empeorado el servicio eléctrico y ha habido un deterioro en caja de 36,2 millones de euros. Desde enero a abril de 2017, la empresa del país latinoamericano ha arrojado unas pérdidas después de impuestos de alrededor de 35 millones de euros, frente a los 45 millones de euros de un año antes cuando el timón estaba capitaneado por Gas Natural Fenosa. Además, en el mismo periodo ha bajado la facturación y ha habido un 27% más de interrupciones eléctricas por cliente.

La pasada semana Javier Lastra Fuiscaldo, gerente interventor de Electricaribe y exministro de Minas y Energía, señalaba que “para adoptar cualquier solución” en la zona del Caribe, primero debían conseguir “viabilidad técnica y financiera” que permita a la firma eléctrica ser “atractiva y rentable para sus interesados naturales o terceros”. Por ello, decía “los dueños aún pueden hacer parte de la solución”, aunque señalaba que “requiere de cuantiosos recursos económicos”.

En definitiva, el Gobierno colombiano cree que lo mejor que le puede pasar a Electricaribe es que Gas Natural Fenosa vuelva a la gestión. Sin embargo, fuentes del sector aseguran a OKDIARIO que la española no está dispuesta a contemplar el regreso a la filial expropiada si el marco regulatorio no brinda la máxima seguridad jurídica.

Desde luego, la oferta de la gerencia colombiana de Electricaribe no suena demasiado apetecible: regresar a una compañía con una situación de quiebra total que, además, requiere de una inversión en la red de 700 millones de euros hasta 2024, de los cuales 85 millones tendrían que destinarse en 2018.

Solo volverían a la compañía, aseguran fuentes del sector consultadas por este periódico, si Colombia llevara a cabo una modificación del marco regulatorio. Los impagos, así como la impunidad de los ladrones de electricidad (los conocidos como marañeros), han sido dos ingredientes que han puesto las finanzas de Electricaribe al borde del abismo.

Desde hacer años, Gas Natural Fenosa ha venido reclamando a Santos una nueva normativa para que no reinara la impunidad ante los impagos, pero no sólo han hecho oídos sordos a las plegarías de la española, sino que, además, el propio sector público es el principal moroso de Electricaribe.

Recordemos, la legislación no permite cortar el suministro a los organismos estatales y empresas públicas, unas reglas del juego que tienen a la compañía colombiana en serios problemas financieros. Un escenario que el Gobierno de Santos no ha comprobado ‘en sus carnes’ y han tenido que reconocer que la gestión es inviable con unas pérdidas tan abultadas como las de Electricaribe.

En marzo de 2017, Gas Natural Fenosa entregó la documentación pertinente para el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, en sus siglas en inglés). La cotizada pedía que “se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares”, tal como publicó en exclusiva OKDIARIO.