El FROB remite al juez del Popular las actas de la resolución de 2017

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha remitido al magistrado que instruye el caso ‘Popular’ en la Audiencia Nacional un documento en el que incluye hasta seis actas confidenciales de lo tratado en su Comisión Rectora durante los meses de mayo y junio de 2017 y en las que se trató la resolución del Banco Popular.

El escrito del FROB, fue remitido al magistrado que instruye el caso, José Luis Calama, el pasado 21 de mayo, después de que en un auto de mediados de abril el juez pidiera este organismo todas las actas de las reuniones de su Comisión Rectora celebradas en el primer semestre de 2017, en las que se hubiera tratado cualquier tema relacionado con el Banco Popular.

También acordó que se remitieran todos los correos electrónicos emitidos y recibidos por dicho organismo, entre el 1 de abril y el 7 de junio de 2017 con la Junta Única de Resolución (JUR), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco Popular, Banco Santander, BBVA o cualquier entidad financiera, así como con la consultora Deloitte.

Cabe recordar que en esta causa, el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017. En esa segunda etapa es en la encaja precisamente la citación en calidad de testigo de este jueves del que fuera presidente del FROB Jaime Ponce.

Entre las actas remitidas, consta la de 7 de junio, cuando la Comisión Rectora del FROB acordó «adoptar las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR)» por la que adoptaba el dispositivo de resolución sobre Banco Popular.

Esas medidas, explica el documento consistían en reducir el capital social del Popular de los 2.098 millones de euros a 0 euros mediante la amortización del total de las acciones en circulación y que ascendían a 4.196 millones. La finalidad era crear «una reserva voluntaria de carácter indisponible», de acuerdo con las normas relativas a resolución de entidades.

Las acciones para el Santander

Simultáneamente, se propuso ejecutar un aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente para la conversión de la totalidad de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 por importe de 1.346 millones de euros que se dividía en acciones de un euro de valor nominal. Tras ese punto proponían reducir el capital social a cero euros mediante la amortización de esas acciones del nivel 1.

Además acordaban un aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente para la conversión de la totalidad de los instrumentos de capital de nivel 2 en acciones de nueva emisión de Banco Popular por importe de 684.024.000 euros.

En el último punto del acta, el sexto, proponían transmitir al Banco Santander la totalidad de las acciones de Banco Popular emitidas como consecuencia de esa transformación de los instrumentos de capital de nivel 2. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Este jueves a las 09.00 horas Calama interrogará en calidad de testigo y por videoconferencia al expresidente del FROB Jaime Ponce Huerta en relación con esa resolución del Banco Popular. En el auto, Calama considera que como presidente vivió en primera persona el mecanismo de resolución del Banco Popular a mediados de 2017 y, por tanto, es «un testigo privilegiado que puede aportar datos esenciales sobre cómo se gestionó el proceso resolutivo, debiendo explicar muchos pormenores del mismo, desde su génesis hasta su finalización».